Democracia en tiempos de crisis: una mirada crítica y constructiva

El sistema sigue presentando desafíos importantes para su ejercicio efectivo y definitiva consolidación.

Todavía imperfecta, pero necesaria, la democracia es un sistema político y social en el que el poder es ejercido por la ciudadanía y se basa en principios como la libertad de expresión, la igualdad de derechos, la separación de poderes y la protección de los derechos humanos. Aunque es adoptado por gran parte de los países del mundo, el sistema sigue presentando desafíos importantes para su ejercicio efectivo y definitiva consolidación.

La democracia en el mundo enfrenta importantes obstáculos y no menores interrogantes que la ponen en jaque como pocas veces en su historia. Por ejemplo la renovación y avance de movimientos políticos que resaltan el autoritarismo y la concentración de poder a niveles desmedidos, las enormes desigualdades económicas y “disparidades hirientes” tanto sociales como políticas, la polarización en temas de agenda pública, la inestabilidad social, una prensa amenazada en su libertad de expresión y una participación ciudadana limitada y coartada en muchos lugares del mundo, por citar sólo algunas señales de crisis.

Una de las consecuencias de la pandemia es que muchos países, que antes habían tomado medidas para democratizar sus sistemas políticos, dieron significativos pasos hacia atrás y ahora parecen alejarse de esos principios, a punto tal que en muchas regiones se está experimentando un retroceso en la libertad de prensa y la división e independencia de poderes y las libertades ciudadanas.

Según el informe del Índice de Democracia Global 2022, elaborado por la Unidad de Inteligencia del diario británico The Economist, se perciben Señales de Alerta en el Índice de Democracia Global 2022, a tal punto que “a nivel global el índice refleja que un 45,3% de la población mundial vive en una democracia de algún tipo y sólo el 8% vive en una democracia plena”.

Analistas y referentes de la temática sugieren que la democracia está atravesando una gran crisis junto a muchos otros grandes desafíos del siglo, y esto en gran medida a que los partidos políticos democráticos de principios republicanos ya no son capaces de atraer a los votantes, a menudo debido a la ascensión de sectores populistas y las respuestas antiglobalización, incluso como otras de las consecuencias de la pandemia vimos recrudecer los nacionalismos y la cerrazón de los países, cuando lo esperado e ideal hubiese sido una profundización y consolidación de la cooperación internacional, la solidaridad y confraternidad a nivel mundial, tan necesarias para afrontar los grandes desafíos actuales.

Otro de los grandes desafíos para la democracia es renuente compromiso cívico y declive en la participación ciudadana. Muchas personas, en diferentes regiones del mundo, sienten que las decisiones políticas son tomadas por élites que viven en sus “mundos paralelos”, mientras que la política es un juego manipulado por la corrupción y la influencia de los poderes económicos concentrados. Según lo expresa el pensador Yuval Noah Harari: “La humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido”, y me permito agregar aún está por conocer.

Distintos estudios especializados sostienen que el exponencial aumento del acceso y utilización de las redes sociales, la información errónea y maliciosa que circula, muchas veces disfrazada de verdad incontratable, y la propaganda política en muchos casos tergiversada están contribuyendo a una significativa disminución de la calidad del debate público, una simplificación y descalificación de los grandes temas políticos, económicos y sociales, y por ende, tal como dijimos, devienen en un aumento de la polarización en la sociedad.

Incluso EEUU y gran parte de los países de la Unión Europea, que han sido en gran medida un ejemplo democrático exitoso, enfrentan en los últimos años múltiples desafíos: la política de refugiados, la profunda crisis económica, liderazgos con tintes autocráticos, los focos de conflictos bélicos, las advertencias sobre el uso desmedido y sin controles éticos de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, y pese a este panorama, también debemos destacar el vaso medio lleno, como en todos los ámbitos de nuestra vida, y reconocer que a pesar de estos desafíos, existen muchos países que luchan por mantener y avanzar en su compromiso con la democracia. Especialmente debemos destacar los movimientos ciudadanos que están luchando por proteger los derechos individuales y colectivos fundamentales, exigiendo la vigencia plena de la independencia de poderes y mayores mecanismos de participación ciudadana reales y efectivos, que aumenten y consoliden la confianza ciudadana en el sistema democrático.

En el marco de dichos desafíos mundiales, algunos países que siguen siendo modelos de democracia y sistemas políticos y sociales que han alcanzado un desarrollo sostenible y altos estándares de vida para sus habitantes tales como Noruega, Canadá, Dinamarca, Suecia, Suiza, entre otros; verdaderos modelos a seguir tanto de respeto pleno a la libertad con una perfecto conjunción de intervención estatal y bienestar social.

En síntesis, los desafíos que presenta la democracia son de incidencia global y gran parte de esto se debe a la desigualdad y concentración económica creciente en todo el mundo. Sin embargo, no todo es gris y oscuro, muchas son las luces de alerta, pero también las luces de esperanza, ya que la democracia es una idea fuerte y puede tomar muchas formas diferentes, la que con un gran impulso de la participación ciudadana activa, la libertad de expresión y la efectiva igualdad de derechos políticos y civiles, son las columnas resistentes que a mayor ejercicio fortalecen su “musculatura” y potencian el sistema.

Si bien hay muchas amenazas evidentes para la democracia, también hay motivos para el optimismo y la acción. La democracia sigue siendo el mejor receptor, catalizador y garante de los derechos individuales y colectivos. Los actores políticos relevantes, la sociedad civil y las organizaciones internacionales y organismos multilaterales tienen un papel central que desempeñar para asegurar la continuidad y robustez de la Democracia, todavía muy joven la historia del mundo.

Artículo publicado en El Auditor.

La historia del país está cargada de lecciones y conflictos que deben ayudar a repensar y redefinir el presente y futuro de Argentina.

La rica, aunque breve, historia de nuestro país está cargada de lecciones y momentos de inflexión que nos pueden ayudar a repensar y redefinir el presente y futuro de Argentina. El cumplimiento de 40 años de Democracia invita a hacer este ejercicio ciudadano e institucional y brinda la oportunidad, luego de dos siglos de existencia como Nación, de reorientar el destino común.

No es novedad que uno de los principales motivos de la permanente tensión entre el Estado Nacional y las provincias ha sido la interminable lucha entre el poder central y las autonomías provinciales. Desde el mismo día de la Declaración de la Independencia, el 9 de Julio de 1816, ha sido una constante en nuestro derrotero como Estado Nación, atento a que las provincias han luchado por tener una mayor participación en la toma de decisiones del Estado Nacional y por mantener su autonomía política y económica, con suerte dispar y errante.

Si bien la Constitución Nacional de 1853 establece un sistema federal en que las provincias tienen un amplio margen de atribuciones y competencias de autogobierno y determinación dentro de sus límites territoriales, en parte por ser estados preexistentes a la conformación del estado nacional. Aquella tensión original se ha manifestado en conflictos políticos, económicos e institucionales a lo largo de nuestra historia. Incluso antes de la elección de un gobierno nacional, en los mismos albores del primer grito de libertad, en la famosa Semana de Mayo, durante el Cabildo del 22 de Mayo de 1810, en que deliberaba la “parte principal y más del vecindario” como era la fórmula de reunión, en la que los concurrentes discutían sobre la legitimad del virrey Cisneros tras la caída de la Junta Central de Sevilla, comenzaba la tensión entre “la capital y el interior”.

En ese Cabildo, ante la defensa de las autoridades virreinales por parte los monarquistas representados por el Obispo de Buenos Aires Benito Lué y Riega, los patriotas en la voz de Juan José Catelli, sostuvieron que “España ha caducado y con ella las autoridades que son su emanación. El Pueblo ha reasumido la soberanía del monarca y a él toca instituir el nuevo gobierno en representación suya”, convirtiéndose en el argumento jurídico de la Revolución de Mayo en ciernes, al cual el fiscal de la Audiencia, Manuel Villota, respondió que si bien admitía la caducidad del pacto y señaló que la elección de un nuevo gobierno no podía ser determinado por una sola provincia o municipio, sino por todas las provincias del virreinato, representados por sus diputados reunidos en Congreso.

La encerrona jurídica en que quedaban los patriotas ante este contraargumento era evidente y fue salvada por la intervención de Juan José Paso, quien expresó: “Buenos Aires es la capital del virreinato, la hermana mayor de las provincias (…) los pueblos que las ocupan (las provincias) están poblados por hijos de la tierra y animados naturalmente por un mismo interés (…) y así como los hermanos podían tomar legítimamente el negocio ajeno para beneficiar al ausente, o para salvarle los derechos (…) así una Capital o pueblo, avanzando al peligro común de todos los demás, tenía la innegable facultad y el derecho de tomar por lo pronto la gestión del asunto, sin perjuicio se someterse después a la aprobación de sus condóminos, dando cuenta y razón de lo hecho”, intervención magistral que permitió salvar la situación planteada en aquel transcendental momento de nuestra historia, pero que sin duda también instauraría la prevalencia del poder central, con sede en Buenos Aires, que luego daría lugar, entre otros motivos a la guerra entre unitarios y federales.

Políticas centralistas y uniformadoras

Durante el período de la guerra de la independencia, comenzaron los enfrentamientos entre Buenos Aires y el interior. Se dieron momentos muy críticos de esta tensión durante gran parte del siglo XIX, cuando el Estado Nacional liderado por Buenos Aires intentó imponer políticas centralistas y uniformadoras que afectaron la autonomía de las provincias. Esto llevó a cruentas guerras civiles y enfrentamientos políticos que marcaron la historia argentina, lo que sin duda demoró la consolidación de la República y la conformación de una unidad política fuerte, soberana, próspera y pujante.

Superados los momentos de mayor violencia política institucional y ya en la última parte del Siglo, especialmente gracias a la Generación del ’80, comenzó a consolidarse la República Argentina, con muchas deudas políticas económicas y sociales que persisten incluso hasta nuestro días. También es justo mencionar que a partir de la segunda mitad del Siglo XX, el proceso de consolidación de los Estado Provinciales, de descentralización y regionalización del país permitieron un paulatino y constante protagonismo de las provincias en la toma de decisiones.

Comenzó un lento proceso, aún en construcción de fuerte injerencia en la toma de decisiones a través del órgano de máxima representación como es el Congreso Nacional y que ha permitido una mayor participación en el diseño y gestión de las políticas públicas nacionales.

Tensiones actuales

En la actualidad, la tensión entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales continúa latente, tanto en temas de reparto de recursos, descentralización fiscal, gestión y distribución de tributos, competencias delegadas o no, y la eliminación de barreras políticas, institucionales y burocráticas que aún dificultan el fluido diálogo y colaboración mutua.

Los niveles de tensión siempre existirán e incluso son aceptables y hasta constructivos en la medida en que los debates sean dentro de la tolerancia y el respeto constitucional e institucional entre Nación y Provincias. Sin duda, la construcción de un Estado Nacional fuerte, eficiente, inteligente, efectivo y cohesionado, que trabaje con los Estados Provinciales es, o al menos debe ser, un objetivo estratégico y central de todos los actores políticos y sociales.

Es necesario trabajar en una agenda común de desarrollo a lo largo y ancho del país, que permita abordar los grandes desafíos pero también oportunidades que tenemos como Nación a partir de nuestras potencialidades y recursos, lo que requiere, un diálogo franco y constructivo entre esos distintos niveles de gobierno. También una clara definición de competencias y responsabilidades, superando los momentos de mayor confrontación y tomando la experiencia de los conflictos pasados y presentes como una base para la construcción colectiva de una gran Nación, en beneficio de “nosotros, de nuestra posteridad, y de todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Artículo disponible en elauditor.info.

Propiciar mecanismos para que la información pública sea clara e incentivar prácticas que promuevan la transparencia, pueden significar un avance de la confianza en los sistemas democráticos.

La transparencia activa y el acceso a la información pública son elementos fundamentales para conseguir un modelo político exitoso y una democracia con mayor participación ciudadana. Así como ya hemos sostenido reiteradamente, la democracia promueve la igualdad de trato y oportunidades para toda la ciudadanía, garantiza la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones y fomenta el respeto por las libertades individuales. Pero para que ello se cumpla es necesario que la ciudadanía pueda conocer y comprender acabadamente las decisiones y actos de gobierno a través la transparencia activa, entendida como el compromiso y la acción del gobierno para garantizar el acceso a la información pública, promover la rendición de cuentas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y, sostenida en el tiempo, en el accionar del Estado.

La transparencia activa es un componente necesario para una democracia sana y con un alto compromiso ciudadano, de hecho el acceso libre a la información pública permite que los ciudadanos ejerzan su derecho a estar informados, opinar y participar en el proceso democrático, siendo protagonistas en el diseño, ejecución y sobre todo evaluación de las políticas públicas destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad; en tanto que a mayor transparencia de los actos de gobierno y actuación de los poderes del Estado aumenta la accountability(*) y se reduce la corrupción, precisamente porque permite un mayor control social sobre la conducta de los funcionarios públicos y un seguimiento de la gestión de gobierno.

En este sentido, la transparencia activa es necesaria para combatir la opacidad y el secretismo en las instituciones públicas, la famosa “caja negra del Estado” entendida como la alegoría que representa la imposibilidad del ciudadano común de entender y conocer el complejo funcionamiento del Estado y su brazo ejecutor: la administración pública. El “conocimiento es poder” (knowledge is power itself, el conocimiento es poder en sí mismo), y efectivamente es así, a mayor conocimiento e información de las cuestiones públicas en manos de los ciudadanos, más poder tendremos sobre el espacio público.

Un gobierno que desarrolla la transparencia activa como una política constante y coherente de comunicación con la sociedad está enviando un mensaje claro a la ciudadanía: un compromiso fuerte y claro por el que expresa “estamos dispuestos a ser evaluados y queremos que se juzgue nuestros actos y se nos evalué por nuestros resultados”, una forma de gestionar el Estado, poco frecuente en Argentina y que sin duda es una materia pendiente en la Democracia de los últimos 40 años.

Por otro lado, la transparencia activa es también una forma de fomentar la confianza en las instituciones públicas, no es secreto que la confianza ciudadana en nuestras deficientes democracias es cada vez menor. Cuando los ciudadanos tienen acceso a información clara y accesible acerca de cómo se manejan sus impuestos que son en definitiva la fuentes de recursos con que cuentan los Estados, y sobre todo cómo se están tomando decisiones importantes que afectan directamente su forma de vida, esto fortaleces la confianza en los gobiernos y las instituciones que dan carnadura a los poderes del Estado.

Así esta nueva forma de diálogo entre el Estado y la Sociedad basada firmemente en principios de TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA constituye en una estrategia central y necesaria para el diseño, implementación, control y evaluación de las políticas públicas, y exige procesos de modernización administrativa, ubicando a la ciudadanía en el centro de la atención y de prioridad de los actos de gobierno y decisiones estatales ofreciendo una alternativa para la gestión de lo público que permita recuperar la confianza en los sistemas políticos actuales.

En resumen la relación entre la democracia, la transparencia activa y el acceso a la información pública son elementos que se complementan mutuamente. Argentina tiene desde el año 2016 la Ley Nº 27.275 de DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA que garantiza “el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”, a nuestro humilde entender una buen instrumento y herramienta legislativa que, con su implementación plena e irrestricta puede aportar amplios beneficios a la República, porque tal como hemos expresado una democracia sólida depende de la transparencia y la accountability para desarrollarse y prosperar, ya que cuando los ciudadanos tienen acceso a información transparente y responsable, pueden tomar mejores decisiones y participar activamente en el proceso democrático, que sin duda es lo que Argentina, entre otras cosas, necesita.

(*) Si bien es un término anglosajón que no tiene una traducción exacta al español, su acepción más difundida es la responsabilidad de “hacerse cargo” y rendir cuenta de nuestros actos, especialmente de las y los funcionarios públicos ante la sociedad.

Artículo disponible en El Auditor.

Un análisis a 40 años de la vuelta del sistema que tiene a la soberanía popular como principio político rector.

Una de las claves en que se basan los sistema democráticos es la plena vigencia de los mecanismos que aseguren la libre participación ciudadana, principio central de la Democracia, que permiten no sólo validar y sustentar la soberanía popular como principio político rector, sino además es uno de los catalizadores que pueden ayudar a subsanar los problemas y tensiones lógicas de la vida en sociedad.

Si bien históricamente la participación en los sistemas democráticos está asegurada por las elecciones periódicas, que son fundamentales para el funcionamiento del sistema y, por tanto, necesarias e insoslayables; la compulsa de la ciudadanía cada uno, dos o cuatro años a través del voto para la elección de representantes hoy parecería no ser suficiente como único mecanismo de consulta y participación de la ciudadanía.

A principios del Siglo XX, en la década de 1910, nuestro país lograba el sufragio secreto, universal y obligatorio, lo que significó un logro y cambio central en nuestra joven Argentina que comenzaba a consolidar el sistema representativo, republicano y federal. De esta manera, la ampliación de los derechos políticos que se dieron a sectores sociales en los dos momentos centrales – 1912 con la Ley Sáenz Peña del voto secreto y obligatorio y 1947 con la Ley Evita del sufragio femenino – permitieron afianzar este principio fundamental de la participación plena permitiendo elegir y ser elegido a toda la ciudadanía.

A medida que nos adentrábamos en el siglo, impulsado sin duda por grandes cambios que sobrevinieron al mundo de la posguerra, el sistema democrático mostraba sus fisuras e imperfecciones, llegando a la década de 1990 con la necesidad de perfeccionamiento y actualización. Fue la década de la profunda transformación y reforma del Estado que afectó a todos los países de la región, incluso de gran parte del mundo, momento en que pasamos del Estado Social o de Bienestar al Estado Neoliberal o reduccionista, cuyos coletazos y consecuencias, a nuestro humilde entender, aún estamos transitando y que analizaré en otro momento.

Así, en 1994, la reforma de la Constitución Argentina receptó la necesidad de grandes cambios. En materia de participación, avanzó significativamente en nuevos mecanismos, incluso abriendo las puertas a un amplio abanico de nuevas formas de participación también en las reformas provinciales, algunas avanzaron más que la misma carta magna nacional. Tanto la Constitución Nacional como las provinciales incorporaron la iniciativa legislativa, las consultas populares y/o referéndum, las audiencias públicas, los presupuestos participativos, la participación en el diseño de planes estratégicos de políticas públicas e incluso en algunos casos hasta la revocatoria de mandato. Todos dispositivos de participación necesarios para aquellos y estos tiempos que, llevados a la práctica, permiten una mejora considerable en la respuesta por parte del Estado, en todos sus niveles tanto Nacional, Provincial como Municipal, a las demandas sociales.

Lo que en definitiva implica por tanto una mejora en el diseño, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de políticas públicas a través de los cuales el Estado provee o asegura la provisión de bienes y servicios que la ciudadanía requiere y demanda para un desarrollo sostenible, los que adquieren mayor efectividad a partir de una efectiva participación y control social. Estos instrumentos institucionales o mecanismos de mayor participación a los que hice referencia, de manera muy sucinta y quizás hasta simplista en honor a la brevedad, son centrales para la estabilización y legitimación del régimen político, vía la participación popular, y por tanto para la consolidación de la Democracia.

La participación ciudadana, entendida como la intervención e involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones de la vida en sociedad, es decir su injerencia en el espacio público para influir y tomar parte en la asignación y administración de los recursos, e incluso como vimos en las acciones y decisiones del Estado que tienen un impacto directo en el desarrollo de nuestras comunidades, y que por tanto demanda una trabajo colaborativo y de co-creación de las políticas públicas entre representantes y representados, en palabras más claras entre el pueblo y sus gobernantes.

De democracia electoral a participativa

En síntesis: a mayor participación ciudadana, más y mejor Democracia. Tal es así que incluso desde hace unas décadas la filosofía político administrativa del Estado Abierto, concepto acuñado por el politólogo argentino Oscar Oszlak, funda esta teoría y forma de gestionar el Estado en una serie de principios y pilares en los que la participación ciudadana juega un rol destacado, en su afán de poner al ciudadano como centro de toda decisión y acción del Estado.

La participación viene a perfeccionar las democracias actuales aportando al sistema electoral, o mejor dicho complementándolo con instrumentos de participación y colaboración ciudadana que permiten actualizar y mejorar el modo de gobernar y gestionar lo público para dar contenido a las democracias que se han mantenido acotadas sólo a los mecanismos electorales, y pasar de esta forma de una democracia electoral a una democracia participativa y colaborativa, que para su funcionamiento pleno requiere de la implementación de esta nueva teoría política del Gobierno/Estado Abierto, tal como lo describe el académico mexicano y colega Rafael Valenzuela Mendoza, y sostiene destacados referentes en el tema.

Finalmente, si bien esta participación plena que permite mejorar la Democracia en tanto sistema político como social, requiere que estos mecanismos sean plasmados en la legislación vigente, tarea que Argentina ha realizado en gran medida, lo cierto es que también su puesta en marcha requiere de una ciudadanía preparada, educada y formada en su utilización. Es más, necesita de ciudadanos y ciudadanas requirentes e involucrados, motivados por mejorar su propia calidad y estándar de vida y de su comunidad, no sólo en los términos económicos de confort, sino de poder vivir en un entorno natural y social saludable y sostenible, es decir que se conviertan en expertos en la utilización de los instrumentos de participación y control social que sin duda pueden y deben ayudar a mejorar la Democracia y por tanto la sociedad en que vivimos.

Artículo disponible en El Auditor.

Este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia en el país. Cuatro décadas continuadas del mejor sistema político y social que, con altibajos, permite pensar libremente y seguir en la búsqueda y construcción de una nación justa y soberana.

Cumplir 40 años en nuestra corta existencia es sin duda un tiempo muy considerable que puede significar incluso casi la mitad de la vida. Sin embargo, en el desarrollo institucional de una nación es una pequeña parte, incluso en los 207 años de nuestra joven Argentina. Este año, nuestra tan ansiada democracia, aquella que nos costó tanto consolidar, cumple 40 años de continuidad, el período más largo en nuestra historia y después de muchos altibajos, inestabilidad y quiebres institucionales que marcaron el devenir de la consolidación de la República incluso desde los albores de sus inicios como Nación.

Si bien la República Argentina inició su andar en el mundo formalmente el 9 de Julio de 1816 con la Declaración de la Independencia, pasaron algunas décadas hasta que la Constitución de 1853 sentó las bases jurídicas y dio inicio al proceso de organización nacional que abarcó desde la Batalla de Caseros, ocurrida en 1852, hasta la llegada de la Generación del ‘80 en 1880. Ese momento, la República Federal empezó a estirar las piernas y comenzó la eterna danza entre Nación y Provincia, en una relación siempre dispar y de tensión entre el Estado Federal y los Estados Provinciales. Sin embargo, la democracia como forma de organización política y social que reconoce la titularidad del poder en el pueblo, quien mediante mecanismos de participación directa o indirecta es quien toma las decisiones sobre el rumbo del país y confiere legitimidad a los representantes, tardaría todavía algunas décadas más en perfeccionarse.

Así tendríamos que esperar hasta 1912 con la sanción de la Ley Nº 8.871, conocida en nuestra historia como Ley Sáenz Peña, que establecía el voto individual, secreto y obligatorio, publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 1912, para que comenzara el primer ensayo de democracia en el país, que aunque incompleto: recordemos que recién en 1947 a través de la Ley Nº 13.010, conocida como Ley Evita, se reconocería la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres entre ellos el de elegir y ser elegidas para todos los cargas políticos nacionales; pero sin duda comenzaba el camino hacia la nación republicana, representativa y federal.

En 1916 por fin se sucederían las primeras elecciones presidenciales bajo la vigencia de la Ley Sáenz Peña, que dejaba atrás el voto cantado y los sistemas fraudulentos masivos de elección. Aunque, lamentablemente, no sería la última vez en la historia que la palabra fraude cobrara relevancia. Lo cierto es que aquellas elecciones que consagrarían al líder de la Unión Cívica Radical Hipólito Yrigoyen como sucesor de Victorino de la Plaza, expresaron por primera vez la gran mayoría de la voluntad popular e inauguraron la soberanía popular, con la deuda pendiente de ampliarse, como ya hemos expresado, décadas después.

Todas estas deudas pendientes en materia de derechos políticos y civiles con que se inauguraba la democracia en Argentina tendrían que esperar varios años más para ser saldadas en virtud que el sistema democrático vería interrumpido su proceso de consolidación por la seguidilla de golpes de Estado que tendrían su nefasta fecha de nacimiento el 6 de setiembre de 1930 con el golpe de estado liderado por José Félix Uriburu y un conjunto de fuerzas militares, políticas, empresariales y sociales que establecerían la primer dictadura del siglo XX en Argentina.

Desde ese año 1930 hasta 1983, la historia política institucional argentina verá coartada su continuidad por los sucesivos golpes cívicos militares que interrumpieron en diversas ocasiones los mandatos constitucionales. Medio siglo de avances y retrocesos que sin duda hoy nos pasan factura en la tan ansiada consolidación de una nación próspera y pujante que asegure el bienestar general y el buen vivir de la ciudadanía. Sin embargo, es de destacar que durante todos esos años un pueblo aguerrido, organizado y empoderado no dejó de luchar y clamar por sus derechos, llegando al gran y quizás último acuerdo social de nuestra historia reciente que permitió el retorno a la democracia.

Democracia todavía imperfecta y deudora de muchos temas y materias pendientes en nuestro país, a los que nos dedicaremos en otro momento. Pero una democracia que lleva ya 40 años de continuidad, 40 años que no son nada en la vida de un país pero a la vez son todo por lo que significan, costaron y demandaron en vidas, recursos y esperanzas. Por ello, nuestra obligación ciudadana de proteger, defender y mejorar día a día la República Democrática Argentina que necesita de cada uno de nosotros y nosotras, unidos y en paz para lograr la nación que quienes nos precedieron nos soñaron y que, sin duda, como pueblo libre y soberano nos merecemos.

Artículo disponible en el siguiente enlace.

La irrupción de las nuevas tecnologías y las transformaciones digitales que se han producido en las últimas décadas tanto en nuestra vida en sociedad, como así también en nuestra vida privada; a tal punto que podemos asegurar que hoy por hoy son muy pocos los aspectos de nuestra existencia que no estén atravesados por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, los algoritmos, la inteligencia artificial, la robótica, etc.

La gestión pública y en especial los/las líderes de las organizaciones estatales, se encuentran hoy ante el gran desafío que la era digital de la cuarta revolución industrial o era exponencial les presenta especialmente desde la digitalización y transformación desde las estructuras hasta los procesos, que demanda cambios urgentes y necesarios en el modo de abordar la gestión y sobre todo en la forma de liderar las instituciones públicas en la toma de decisiones y el diseño y ejecución de los planes y programas de políticas públicas en todos los niveles.

Ante estos grandes cambios que se han acelerado de manera exponencial por la pandemia que cursa el mundo desde fines de 2019, y que han impactado de lleno en la vida de las instituciones y organizaciones de la sociedad, y muy especialmente en las organizaciones públicas estatales que han tenido que modificar sus pesadas estructuras burocráticas y adaptarse de manera veloz y casi desenfrenada para poder seguir cumpliendo sus funciones esenciales y brindando bienes y servicios a la ciudadanía, que en un contexto de crisis, inusitada para el mundo como la actual, necesitó y necesita aún, en gran medida de las políticas públicas y la plena intervención de los Estados, incluso en el caso de millones de personas para poder subsistir.

Podemos asegurar que la historia de la humanidad más que de continuidades está escrita de sobresaltos, idas y vueltas, avances y retrocesos, y que para nada es una serie de acontecimientos lineales, los que sólo sirven para una mirada metodológica y son productos de consenso de las disciplinas científicas para poder abordar a modo de compartimentos los temas a estudiar y/o investigar.

Y algo que nos ha quedado claro, sobre todo en las últimas décadas: que detrás de todo salto, cambio y evolución hay líderes y emprendedores que se propusieron logros sobresalientes y tuvieron la capacidad de reunir a las personas, el consenso y los recursos para hacerlos realidad y transformar su entorno y realidad. No hay sustituto para este factor tan humano y al mismo tiempo tan especial que es el liderazgo, o al menos es muy difícil vislumbrar que algún algoritmo pueda reemplazar la acción de liderar, necesaria en cualquier núcleo, equipo u organización humana.

Un buen ejemplo son los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) – Agenda Mundial 2030 – acordados por la Organización de las Naciones Unidades que constituyen, quizás, en términos de agenda global, la apuesta más audaz de la historia en materia de desarrollo económico, social y ambiental, con un punto de enfoque respetuoso de los derechos de las generaciones futuras además de las actuales. Y que, como parte del signo de los tiempos, coincidieron con la aprobación también en 2015 del Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de Cambio Climático (COP21) que representa un conjunto de pautas y objetivos para que cada país pueda encarar la reducción de gases de carbono y gestionar los riesgos del cambio climático, coincidentemente también con la encíclica de la Iglesia Católica Laudato Si’ referida al cuidado de “nuestra casa” nuestro planeta, que también de esos tiempos.

Quizás por primera vez en la historia un mismo acuerdo de metas incluye tanto a países desarrollados como también a los que están en vías de desarrollo, generando un enorme potencial y por supuesto otorgando una gran legitimidad para la acción colectiva y también particular de cada nación. Este gran esfuerzo del mundo por establecer una agenda global de desarrollo sostenible, nos permite visualizar también un gran esfuerzo de liderazgo público mundial, ya que un acuerdo de estas características necesita de grandes negociaciones y consensos y detrás de ello está sin duda la impronta del liderazgo.

Tres grandes dimensiones y/o ejes temáticos integrales fueron adoptados de forma prioritaria para establecer y acordar los objetivos globales: crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Muy en línea con el concepto de Triple Impacto que hoy se maneja en el lenguaje y planificación del liderazgo empresarial y de la economía B y que se han erigido en el corazón de las llamadas nuevas economías en auge en el mundo actual, con objetivos sociales responsables y cuidado del medioambiente como motores del nuevo mundo empresarial mundial y muy presente sobre todo en las nuevas generaciones.

A inicios del año 2020, el Secretario General de la ONU, el portugués Antonio Guterres, hizo un enfático llamado a “redoblar los esfuerzos de todos los países para hacer realidad una década de grandes logros que nos permita llegar al cumplimiento de tan ambiciosos objetivos en el año 2030”. Este llamado y esta acción fortalecida para la década que hemos comenzamos a transitar 2020 – 2030 tiene tres niveles:

Acción a nivel mundial: Desde la cual deben emanar más recursos, liderazgos más eficaces y nuevos modelos de solución global para nutrir a los países en sus capacidades para alcanzar logros concretos en los ODS. Acción a nivel local:Orientada a fortalecer el diseño y organización de políticas, presupuestos, mecanismos institucionales y marcos regulatorios que faciliten el avance en países, regiones y ciudades. Especialmente se requiere aquí un inteligente manejo de las transiciones entre todo lo que debe dejar de hacerse y lo nuevo que se pone en marcha para el cumplimiento de los ODS. Acción por parte de las personas: Aquí están las bases más sólidas de este movimiento para mejorar la humanidad: las personas cada vez más conscientes de la necesidad de avanzar en los ODS y el convencimiento de que pequeñas aportaciones son importantes para el conjunto, especialmente si logran irradiar e impulsar a organizaciones privadas, sindicatos, ONG/OSC, medios de comunicación e información, entidades académicas/universidades, etc.; y que son las que las mismas personas integran y por supuesto lideran. (ver “La Agenda para el Desarrollo Sostenible”https://bit.ly/2u2WsWQ)

Es decir si consideramos que los 17 ODS y sus 169 metas intermedias necesitan el desarrollo de políticas públicas coherentes en los países firmantes para que estos puedan alcanzarse, no menos cierto es que las personas que ocupan los cargos de liderazgo público y todos sus equipos de trabajo y staff de apoyo integrados fundamentalmente por el servicio civil – servidores públicos – de los Estados involucrados deben estar preparados, formados, comprometidos y alineados con esta agenda de desarrollo sostenible. Pero para ello el punto de partida debe ser sin duda la puesta en valor y profesionalización de líderes públicos y la función pública en su conjunto en todos los países.

Precisamente la realidad que viven las organizaciones en el mundo de hoy hace necesario adoptar modelos de liderazgos adecuados a cada momento y circunstancias por la que atraviesan las empresas, instituciones públicas y privadas, y las organizaciones sociales, y fundamentalmente permitir el desarrollo de una cultura organizacional que privilegie el éxito conjunto por sobre el éxito personal, promoviendo el desarrollo de liderazgos participativos y construcciones a partir del esfuerzo conjunto y trabajo en equipo, basado en la construcción de capital intelectual, conocimiento colaborativo, relaciones efectivas y valores compartidos entre las personas. (Calabria, 2019).

A esto habrá que agregar además la construcción de una cultura organizacional flexible y dinámica que permita entre otras cosas adecuar costumbres, pero también normativa y estructuras a el trabajo remoto, entornos digitales de labor desempeño, aprendizaje inteligente y continuo, y un esfuerzo conjunto a partir de la interoperabilidad y la coordinación entre las organizaciones sobre todo estatales que permitan crear una nueva gestión pública adecuada al trabajo colaborativo y el desempeño de funciones compartidos con la robótica y la inteligencia artificial.

Tarea para nada sencilla y desafíos por demás ciclópeos para organizaciones y una administración pública todavía muy rígida y asentada en el paradigma burocrático del siglo XX, pero que necesita adecuarse y transformase profundamente para los desafíos del siglo XXI de la Cuarta Revolución Industrial y la Era Exponencial.

Siguiendo a la CEPAL, nos parece oportuno destacar que se observa en el continente, así como en otras partes del mundo, la emergencia de una ciudadanía más crítica y demandante respecto de los sistemas políticos, más empoderada y con crecientes grados de movilización social. En este marco, el tema del Liderazgo para el desarrollo aparece como una necesidad central frente a estos procesos, y para colaborar en el fortalecimiento de sistemas políticos democráticos y sociedades más inclusivas y sustentables. (CEPAL, 2015).

El liderazgo público presume desarrollar atributos, competencias y capacidades para el manejo de escenarios complejos, resolución de conflictos, negociación y comunicación, acuerdos y consensos, generando instancias de trabajo en equipo; sin dejar de lado las capacidades de desarrollos de TIC y administración de datos y redes sociales públicas y la consiguiente articulación de redes público-privadas. Y claro además supone la capacidad de gestionar recursos humanos y financieros con que disponen para funcionar las instituciones públicas estatales, liderando procesos de planificación participativa, manteniendo la comunicación fluida con la Sociedad Civil, en este contexto de ciudadanía requirente y participativa, tomando decisiones en estos escenarios dinámicos, complejos y cambiantes a los que hacíamos referencia, pero además demostrar a través de dichas decisiones y acciones, la ética e integridad como fundamento de toda intervención y acto de gobierno y/o acción administrativa. (Calabria, 2019).

Agregando además, en palabras de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, la preocupación por la corrupción y sus dañinos efectos para el desarrollo y la convivencia y que se ha expandido por todo el mundo. Numerosos documentos internacionales la consideran como la más dañina enfermedad política de nuestra era. Asegurando además que: “Para muchos países pobres y con gobiernos frágiles se ha convertido en fuente constante de tensiones y una barrera permanente para lograr el desarrollo de su economía y el bienestar de su población; pero incluso en países desarrollados también está generando olas de indignación, desestabilizando gobiernos y entorpeciendo el crecimiento económico. Existe una cierta sensación de fracaso generalizado en el combate de este gravísimo problema social. Todo este encadenamiento de escándalos ha provocado que los niveles de desafección política se eleven y la deslegitimación de la acción pública se dispare. No obstante ello, un riguroso análisis comparativo global nos permite encontrar algunos ejemplos de países que han sabido implementar estrategias eficaces para detener y reducir fuertemente la enfermedad y sus efectos”. (CLAD, 2018; 3)

Aquí cabe una pregunta que nos venimos haciendo desde hace un tiempo y que puede ser oportuno disparador para la reflexión ¿Puede ser la falta de Ética y la Integridad en la función pública un obstáculo para el logro del desarrollo sostenible planteado por la Agenda 2030? La respuesta es categórica: SI. Pero además al dilema ético de la lucha contra la corrupción que se viene desarrollando con fuerza en gran parte del mundo, hoy se agrega además la gran discusión sobre la ética de las grandes decisiones públicas que se ven y se verán mucho más afectadas e interceptas por la Inteligencia Artificial: IA.

Por todo lo expuesto y de acuerdo a los pocos ejemplos que hemos citado a partir de los datos aportados por organismos multilaterales y supra nacionales, podemos asegurar de forma contundente que sin el desarrollo y construcción de estos liderazgos públicos para el desarrollo sostenible, en vano serán todos los esfuerzos que se hagan en cumplir con la ambiciosa pero justa y necesaria Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo siempre utópico pero no por eso menos válido de un Mundo Mejor.

En síntesis, el mundo es un lugar mejor para la gran mayoría de las personas hoy que hace 200 o 100 años atrás, pero la magnitud e impacto de los problemas que aún tenemos en conjunto como civilización requieren una acción más intensa, una acción mucho más decida y liderazgos públicos éticos e íntegros, mucho más efectivos a escala local, regional y global; si es que verdaderamente queremos sostener el progreso equilibrado para alcanzar el bienestar para la mayor parte posible de la población mundial, con mayores y mejores oportunidades, con más salud, más inclusión y participación, mejorando la vida de miles de millones de personas y al mismo tiempo preservando “nuestra casa, nuestro planeta” a partir del tan necesario desarrollo sostenible para toda la ciudadanía.

Publicado en Memo, Política, Economía y Poder
19 de diciembre de 2021

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