El estado de la corrupción en 2021
Medir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es importante por múltiples razones poder conocer los niveles de corrupción de los países, sus avances y retrocesos. Así, para identificar barreras al desarrollo económico, para explicar los niveles de desafección política o, sobre todo, para poder prevenir sus consecuencias y tomar las medidas que impidan a los países caer en la corrupción sistémica. Para medir la corrupción se utilizan diversos instrumentos. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), publicado este 25 de enero, es uno de los índices más destacados a nivel global; se basa en 13 estudios de opinión de expertos y empresarios y su metodología ha sido evaluada internacionalmente de forma repetida, dando lugar a una herramienta cada vez más sofisticada y válida.
El IPC 2021 demuestra que la lucha contra la corrupción no avanza globalmente. A pesar de que, en los últimos 20 años, se han mejorado en varios países las normas anticorrupción, se observa una falta de impulso por parte de numerosos gobiernos y un descuido en la implementación de las medidas adoptadas. Esta tendencia global va unida a una regresión autoritaria en otros múltiples países, una regresión que tiene su centro de acción en el ataque a las instituciones de control y a la independencia del poder judicial. El deterioro de los pesos y contrapesos de una democracia va vinculado, casi siempre, a un abuso del poder para el beneficio privado de los dirigentes, así como a la creación de redes clientelares oscuras de empresarios indecentes, políticos inmorales y burocracias politizadas que actúan como élites extractivas. El resultado final no es solo la enorme pérdida de recursos públicos, sino, sobre todo, el deterioro de las instituciones y del respeto a los derechos humanos. El derecho a la vida está en riesgo cuando la policía es corrupta y está en conexión con redes de crimen organizado. El derecho a la salud es pisoteado en países donde el dinero para construir hospitales acaba en paraísos fiscales. El derecho a la educación se convierte en mero enunciado cuando las escuelas no existen y el material escolar desaparece bajo redes corruptas. La corrupción ataca directamente al corazón de la dignidad humana y es preciso recordarlo.
A menudo, la opinión pública de las democracias avanzadas tiende a considerar que la corrupción está bajo control en sus países; sin embargo, los datos nos indican que, cada vez que se baja el compromiso y la denuncia cívica, la corrupción avanza y crea los fundamentos para la posible regresión democrática. Los numerosos escándalos políticos vinculados a la corrupción se relacionan de forma directa y fuerte con la desconfianza en las instituciones representativas; más aún, el deterioro ético en uno de los tres poderes del Estado tiende a afectar a la confianza en los otros. Las democracias necesitan confianza en sus instituciones y necesitan que la ciudadanía confíe también en el respeto a la ley por parte de sus conciudadanos. Perdida la confianza, se abre el camino a la barbarie.
España este año ha perdido un punto (sobre un máximo de 100) y retrocede dos puestos en el ranking mundial del IPC, siendo un ejemplo más de esta parálisis en la lucha contra la corrupción. Este dato se basa en ejemplos claros de la falta de avance en las reformas institucionales prointegridad. Como en tantos países, la lucha contra la pandemia explica este retraso en la adopción e implementación de las reformas necesarias; había otras prioridades. Es cierto, además, que el Gobierno cuenta con planes de reformas en la materia ambiciosos. Pero seguimos sin tener traspuesta la directiva de protección a los alertadores de fraude y corrupción, seguimos sin una ley reguladora de los lobbies, seguimos sin tener un reglamento de la Ley de Transparencia, seguimos sin tener marcos de integridad institucional en nuestras organizaciones públicas, entre otras reformas que la Unión Europea y el Greco (Consejo de Europa) nos demandan. Los avances en el código de ética de las Cortes van unidos a la inexistencia de un sistema de control independiente y de sanciones por el incumplimiento. La justicia sigue politizada y los nombramientos en los órganos constitucionales y de control son un ejemplo más de partidismo y clientelismo decimonónico.
Todo ello, cuando estamos recibiendo la generosa ayuda europea para recuperar nuestra economía, transformarla y crear resiliencia para la generación próxima. Merece una valoración muy positiva la aprobación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR), pero requiere urgentemente el fortalecimiento de un sistema de prevención sólido y actualizado de la corrupción y el fraude. Ya vamos tarde. Es necesario un urgente consenso para impulsar la agenda legislativa y que este año sea el año de las reformas prointegridad. Solo así España podrá mejorar en el IPC y acercarse en puntuación a los países europeos que lideran el ranking de países con mejor gobernanza del mundo. Nos jugamos nuestro futuro.
Artículo publicado el El País.
Rendir cuentas para transformar y renovar España
Medir la calidad de una democracia es complejo. No obstante, algunos grupos de investigación se atreven a ello. Los más prestigiosos puntúan a España bastante bien. Por ejemplo, V-Dem (Varieties of Democracy) nos sitúa en el puesto decimotercero del mundo en calidad de democracia liberal en su estudio de 2020. Estar entre el 10% superior de los 178 países evaluados debe ser motivo de orgullo colectivo. La clave para esta excelente puntuación está, sobre todo, en la limpieza de nuestro sistema electoral, en la moderación de nuestro electorado y en el respeto a los derechos políticos existente. En todo caso, cuando V-Dem desarrolla los componentes del índice de democracia, como el componente deliberativo o el liberal, los datos de España empeoran, cayendo a los puestos 27 o 28.
El componente liberal trata del control del poder mediante sistemas de pesos y contrapesos, la independencia judicial o la calidad del Estado de derecho. Aun siendo una posición buena, las puntuaciones exhiben las debilidades de nuestra democracia. Nuestro modelo de democracia, tras el franquismo, ha dado mucho peso a la gobernabilidad y poco espacio al control eficaz de los gobiernos. Esta elección, tomada durante la Transición, tenía detrás razones históricas muy sólidas, pues los fracasos de las experiencias democráticas españolas previas se debieron precisamente a la inestabilidad gubernamental. Pero consolidado nuestro sistema democrático, era preciso reforzar los controles del poder sin, por ello, poner en riesgo la estabilidad del Gobierno.
Los avances en este ámbito han existido, sin duda, pero a unos niveles de desarrollo que no han conseguido evitar una profunda desafección ciudadana. Ante esta situación, los responsables políticos pueden situarse en el confort de ver que la democracia en general funciona y no hacer nada o, por el contrario, anticiparse a los deterioros que nuestras debilidades generan y generarán y construir un modelo de rendición de cuentas acorde a la calidad que los otros componentes del índice de democracia demuestran.
Todo ello, además, en un momento clave para nuestro país, pues tras la tragedia de la covid-19 es el momento de la recuperación y transformación económica y social; una recuperación para la que se han generado 212 medidas, con 110 grandes inversiones y 102 reformas, que movilizarán 70.000 millones de euros en inversiones públicas entre 2021-2023. Los fondos europeos Next Generation nos aportan gasolina para la recuperación, pero es preciso, al tiempo, preparar el vehículo para este difícil viaje.
No es catastrofista sostener que, sin reducir las posibilidades de corrupción, sin controlar fuertemente el clientelismo, sin evitar la captura interesada de las políticas y sin domeñar el despilfarro, esos fondos tienen grandes posibilidades de fracasar en el cumplimiento de sus fines. Al contrario, es una advertencia sensata y basada en cifras y hechos bien documentados del pasado reciente.
En consecuencia, reforzar la rendición de cuentas sin, por ello, paralizar el Estado es una de las medidas de resiliencia esenciales que nuestro país tiene que afrontar. Tenemos una Administración que ha ayudado a alcanzar muchos logros, pero que presenta debilidades serias ante un mundo profundamente complejo, dominado por tecnologías disruptivas y, en el caso español, como consecuencia de la pandemia, sometido a una prueba de resiliencia que exige visión estratégica, celeridad en la gestión, innovación, monitoreo permanente y evaluación de los impactos. En suma, que el reto es doble: por una parte, reforzar la eficacia y la eficiencia; por otra, consolidar nuevas formas de control y rendición de cuentas que refuercen el Estado de derecho y, al tiempo, no paralicen.
Dicho esto, desearíamos aportar unas ideas sobre la mejora en la rendición de cuentas. Para empezar, es cierto que la rendición de cuentas que suponen las elecciones es la esencia de la democracia representativa. En ella, nadie debe obtener el poder sin el consentimiento de los representados y la elección se presenta como el método obvio para conferir el poder. Pero este consentimiento debe poder renovarse o negarse contando con información sólida y suficiente de los logros obtenidos por el Gobierno y las formas en que lo ha alcanzado, en el contexto que le ha tocado vivir. De ahí la importancia de algunos órganos independientes que controlen la transparencia y la calidad de la información aportada, y otros que evalúen políticas y programas aportando información sólida a la ciudadanía de lo que se está logrando. En este aspecto de la evaluación nuestro país necesita claras mejoras.
Llegados a este punto, creemos que, sin olvidar otras reformas necesarias, es preciso dar un salto adelante y mejorar el sistema de rendición de cuentas vertical mediante un modelo que incentive (incluso obligue) al Gobierno, desde sus más altas instancias, a rendir cuentas de forma sistemática a la ciudadanía sobre el cumplimiento del programa electoral y los compromisos asumidos en el marco de la actividad gubernamental.
Es esencial que este sistema evite tres riesgos esenciales: el primero es que se convierta en un sistema de propaganda oficial, por lo que, para evitarlo, debe ser un sistema que por su rigor y objetividad dé información sin narrativa. El segundo es que pretenda convertirse en un sucedáneo de la evaluación de las políticas o programas gubernamentales. La evaluación exige unos requisitos de rigor científico, temporalidad y participación activa de los afectados que no son asumibles en periodos cortos. El tercero es que se pretenda obviar o sustituir el control parlamentario por este sistema, dejando al Congreso relegado.
Este nuevo modelo de rendición de cuentas, del que por iniciativa del propio presidente Pedro Sánchez ya se ha generado una primera experiencia denominada Cumpliendo y hecha pública en diciembre, ofrece enormes ventajas para el buen gobierno del país. Para empezar, contribuye a alinear el trabajo de las diferentes organizaciones públicas del Estado con la estrategia del conjunto del Gobierno, comprobando en qué medida contribuyen al cumplimiento del programa y de los objetivos de país asumidos, por ejemplo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Segundo, exige al Gobierno “dar la cara” y tener que explicar semestralmente a la ciudadanía, a la prensa, al resto de partidos políticos y, por extensión, a las instituciones en las que estos participan, cómo se van cumpliendo los objetivos nacionales y gubernamentales, con datos que son comprobables y que están a disposición de la gente.
Tercero, refuerza la transparencia, aportando información para que la ciudadanía pueda hacerse una idea de si merece confirmar o no a un Gobierno en las próximas elecciones. Finalmente, se puede consolidar como una iniciativa transversal, no partidista, de mejora institucional que sobreviva a cambios de Gobierno y se inserte en un proceso permanente de profundización democrática. En suma, creemos que, con la ayuda de aportes tecnológicos de nueva generación para hacer más visibles, amigables y comprobables los datos, esta rendición de cuentas política y directa puede ser un pilar más en la mejora de nuestra democracia. Para que se consolide, será preciso el esencial aporte de una prensa exigente y constructiva y de una oposición que se implique en el reto de construir una España mejor. Confiemos en ello.
Manuel Villoria Mendieta es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se adhieren a este artículo los académicos y académicas: Cristina Ares Castro-Conde, Ignacio Aymerich Ojea, Ismael Blanco-Fillola, María Bustelo Ruesta, Dolors Canals Ametller, Cristina Elías Méndez, Daniel Innerarity Grau, Javier Lorenzo Rodríguez, Cristina Monge Lasierra, Carles Ramió Matas y Paula Rodríguez Modroño, todos ellos integrantes del Grupo de Análisis Metodológico del proyecto de rendición de cuentas del Gobierno de España.
Prevenir la corrupción también es reconstruir
La crisis de la covid-19 se ha llevado por delante miles de vidas, negocios, sueños y proyectos. Pero el ser humano, como nos enseñaba Viktor Frankl, tiene en sí mismo una fuerza interior que, a través del sentido, le hace superar toda adversidad y le aporta la resiliencia necesaria para, a pesar de todo, comenzar de nuevo. Dar sentido a la vida, desde la libertad, es, así pues, nuestra más poderosa arma frente a la adversidad. Nuestros representantes políticos han creado una comisión de reconstrucción tras la crisis generada por el coronavirus y parecen querer generar un impulso nacional que nos permita salir del confinamiento con nuevas fuerzas y nuevos compromisos colectivos. Darnos sentido como sociedad y abrirnos a nuevos horizontes de crecimiento sostenible y equidad es un encomiable objetivo. No sabemos si finalmente estarán a la altura del reto, lo deseamos sinceramente, pero sí es cierto que han empezado con demasiadas tensiones y demasiados olvidos.
La corrupción es la principal barrera para el crecimiento económico según el Banco Mundial; una afirmación corroborada por muy diversos estudios provenientes de muy diferentes instituciones y universidades. También es una fuente de degeneración en la toma de decisiones medioambientales, poniendo siempre por delante los intereses de los corruptos sobre los de las generaciones futuras. Más aún, es fuente de desigualdad y pobreza, destruyendo el contrato social y los principios de justicia básica en los que se fundan las sociedades democráticas. En última instancia, como enfermedad moral que es, pudre toda la sociedad y va secando los pozos de institucionalidad que pueda haber en las comunidades. España no es un país inmune al virus de la corrupción, igual que no lo ha sido a la covid-19. Más bien, es un país con graves problemas de corrupción política y donde el clientelismo anida en los más diversos y recónditos espacios de decisión de nuestra clase política. Por ello, creemos que poco avanzaremos en la reconstrucción si no se aborda una de las barreras más importantes para la justa convivencia.
En suma, creemos que la comisión de reconstrucción debería haber incluido entre los expertos a consultar a algún representante de las organizaciones que se dedican desde hace años a la lucha contra la corrupción en España. Es triste ver cómo la nueva mayoría surgida, en principio, de la moción de censura y, después, de un voto popular influido notoriamente por la voluntad de regeneración democrática, ha ido abandonando la prevención y la lucha contra la corrupción del centro de su agenda política. Obviamente, hay muchos otros problemas, y más ahora, con la crisis económica y sanitaria que sufrimos, pero creemos que precisamente sufrimos con tanta crudeza ambas crisis por los problemas de corrupción y clientelismo que nuestro sistema permitió durante tanto tiempo. El despilfarro y los fondos perdidos por la corrupción hubieran permitido, de haberse dedicado a lo importante, tener una sanidad mucho mejor preparada para la pandemia, hubieran impulsado la investigación y hubieran, sin duda, dejado unas cuentas más saneadas con las que pedir préstamos a menor tasa de interés. En todo caso, puestos a hablar de reconstrucción, creemos que no habrá reconstrucción posible sin un plan estratégico anticorrupción holístico e integrado, con participación social amplia y consenso político suficiente.
Llegados a este punto, proponemos que, entre los debates que la comisión mantenga, la corrupción sea uno de los temas tratados y que se llame a comparecer a expertos en la materia para, entre todos, generar las bases de ese ansiado plan estratégico que venimos reclamando. Mas, como se hace camino al andar, mientras tanto, pedimos a todos los grupos políticos que lean la propuesta de “ley de prevención y lucha contra la corrupción” que hemos elaborado distintos expertos y activistas en la lucha contra esta enfermedad moral, y que el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado ya en consideración, para que, cuanto antes, se apruebe por nuestro Parlamento y se dé protección a los denunciantes de ilegalidades y corrupción en nuestro país, trasponiendo y enriqueciendo la normativa europea. En dicha norma, se afrontan algunas de las lagunas más importantes que tenemos en este ámbito. Para empezar, una definición clara de lo que son y significan los alertadores y denunciantes, para seguir, unas líneas claras de protección, que incluyen la indemnidad laboral, el apoyo jurídico, la asistencia psicológica, la asistencia económica y la persecución de las represalias y de quienes las consienten. Por primera vez se crea una autoridad nacional de lucha contra la corrupción, con todas las garantías de independencia y competencia; y se abren diversos canales de denuncia impulsando los sistemas de integridad en las organizaciones públicas y privadas. Con estos dos caminos, la estrategia y la ley, creemos que empezaremos a reconstruir rigurosamente nuestras instituciones y a generar las barreras necesarias para evitar que la corrupción siga pudriendo las bases de nuestra convivencia. Es momento de dar sentido y dirección nueva a nuestro país, y es evidente que la España que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía es una España limpia y honesta.
Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.
