Estimados colegas y amigos:

Deseo compartir con ustedes mi satisfacción por haber recibido el IPPA Transition and Developing Economies Award, que otorga la International Public Policy Association. Esta distinción reconoce «la contribución extraordinaria de un académico senior al desarrollo del campo de las políticas públicas y/o la administración pública, dentro del contexto de un país en desarrollo o en transición». La celebración de este reconocimiento tendrá lugar durante el 5° Congreso Internacional de Políticas Públicas a celebrarse en Barcelona del 5 al 9 de julio próximos.

Considero que este es, también, un reconocimiento a la madurez alcanzada por estas disciplinas en América Latina, a las que ustedes tanto contribuyen, por lo que también les extiendo mi agradecimiento por integrar mi comunidad académica de referencia.

Un abrazo.

Oscar Oszlak

«Me desprecias, ¿verdad Rick?», pregunta Ugarte -el personaje que encarna Peter Lorre– a Humphrey Bogart, protagonista de Casablanca. Rick responde: «Si llegara a pensar en ti, probablemente te despreciaría«. Este famoso diálogo resume el colmo de la humillación, la expresión insuperable del desdén que puede sentirse por alguien. Lo recordé en mayo del año pasado, cuando al preguntársele al inefable Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner, qué opinaba de Alberto Fernández como candidato presidencial, lo tachó de «socialdemócrata». Claro que mi evocación cinéfila invertía el sentido. Supongo que a muchos, como a mí, el «insulto» les habrá sonado como un inesperado cumplido. Es como si se quisiera denigrar a alguien tildándolo de «generoso» o «justo».

Este año, Moreno insistió en la calificación cuando los diarios titularon que, según él, «el 17 de octubre va a poner en tensión al gobierno socialdemócrata de Alberto». Alguno podría señalarme que en otro momento de su comentario, el ex agregado comercial de la embajada argentina en Italia calificó a Fernández de «socialdemócrata liberal». O como «un socialdemócrata que expresa al neoliberalismo». O, como «aclaró» finalmente para que no hubiera confusión, que Fernández «tiene en lo económico una cabeza neoliberal, y en lo filosófico-teológico-cultural (sic) es un socialdemócrata».

---

• La socialdemocracia sigue siendo una filosofía política y social que apoya la intervención estatal en el orden socioeconómico para promover la justicia social dentro del marco de un sistema político democrático y una economía mixta.

---

Se trata de una extraña combinación cuyas referencias históricas o casos reales evidentes me resultan desconocidos. Si todavía confío en mi formación como politólogo, creo que la socialdemocracia sigue siendo una filosofía política y social que apoya la intervención estatal en el orden socioeconómico para promover la justicia social dentro del marco de un sistema político democrático y una economía mixta. Sus políticas apuntan a la redistribución equitativa del ingreso, la regulación de la economía y el funcionamiento de un Estado de Bienestar que procura el interés general de la sociedad.

El origen y la difusión de este modelo de organización social en los países escandinavos tendió a identificarlos colectivamente, desde la segunda posguerra, como socialdemocracias o «capitalismos renanos», en los términos de Michel Albert. Este autor lo contraponía al modelo neoamericano que encarnaron en su momento EE.UU. y el Reino Unido bajo los gobiernos de Reagan y Thatcher. Fue Carlos Menem el primer gobernante civil que pocos años después introdujo el neoliberalismo en la Argentina y, tal vez, es la asociación de Alberto Fernández con Domingo Cavallo en 2000, cuando integró su lista de legisladores en la elección a jefe de gobierno porteño, lo que llevó a Moreno a tildarlo de neoliberal.

Lo cierto es que juntar socialdemocracia con neoliberalismo equivale a mezclar aceite con agua. Y como existe mucha confusión al respecto trataré de introducir algo de luz sobre el tema. La literatura tiende a coincidir en que las corrientes políticas consideradas «de izquierda» reconocen en un extremo al comunismo y, en el otro, más cerca del centro del espectro político, a la socialdemocracia. Entre ambos se ubica la democracia social. Sin entrar en los matices, podríamos coincidir en que todas las variantes intermedias, que son muchas, pueden reconocerse como formas de socialismo.

Doctrinariamente, el comunismo propone una organización social en la que desaparecen la propiedad privada y las diferencias de clases, y en la que los medios de producción y la distribución equitativa de sus frutos son monopolizados por el Estado. Para los socialistas democráticos, capitalismo y democracia liberal son irreconciliables. Los trabajadores deben controlar los medios de producción, pero la conducción del Estado debe alcanzarse democráticamente y no, como lo sostiene el comunismo, por medios revolucionarios. En cambio, los socialdemócratas consideran innecesarios tanto la revolución violenta como el colapso del capitalismo. Privilegian la política como mecanismo para regular la economía, redistribuir el ingreso y reducir las profundas desigualdades sociales.

Es cierto que estas diferencias, muchas veces, ni siquiera son debidamente interpretadas por los propios políticos. Sin ir más lejos, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que conformaron una de las fórmulas del Partido Demócrata antes de abandonar la contienda preelectoral, se confesaban orgullosos socialistas y se definían como socialistas-democráticos. Al mismo tiempo, cuando buscaban referencias en sistemas políticos afines a su posición ideológica, no dudaban en identificarse con las socialdemocracias escandinavas. Esta ambigüedad fue claramente expuesta por Daron Acemoglu, para quien lo que Estados Unidos necesita no es ni el fundamentalismo de mercado ni el socialismo democrático, sino la socialdemocracia. Es decir, una regulación eficaz para controlar el poder de mercado concentrado, una voz más decisiva de los trabajadores, mejores servicios públicos, una red de seguridad social más fuerte y una nueva política tecnológica en favor del interés de las mayorías.

Estas orientaciones son diametralmente opuestas al neoliberalismo. A pesar de su reciente declinación en Europa, la socialdemocracia ha sido el sistema que mejor ha conciliado el capitalismo con la gobernabilidad democrática. Todos los países nórdicos, que fueron su cuna, integran el «top 10» en la mayoría de los indicadores con que se evalúa el desempeño de un país. Dinamarca, por ejemplo, gobernada actualmente por una coalición liderada por la socialdemocracia, tiene un PBI próximo a los 60.000 dólares per cápita, es el 7° entre los países más ricos del mundo, el menos corrupto y el segundo en el «índice de felicidad». Y en la relación entre recaudación tributaria y PBI, prácticamente duplica la presión fiscal de la Argentina.

Con solo observar su clase política, comprenderíamos algunas de las razones del éxito socialdemócrata. Los diputados de Suecia, por ejemplo, viven sin lujos en departamentos de 40 m2 con lavandería en el sótano, sin personal de servicio, sin auto oficial ni chofer. Todos ganan el mismo sueldo -unos 6800 euros al mes- y trabajan entre 60 y 70 horas por semana. Son países con bajísima tolerancia a la corrupción política, donde la diputada Mona Sahlin, socialdemócrata, tuvo que dimitir luego de comprobarse que había adquirido un Toblerone con una tarjeta Visa oficial. Parecido a lo que ocurre en uno de los capítulos de Borgen, la popular serie danesa de Netflix.

La socialdemocracia solo puede convivir con el neoliberalismo en una mente bipolar. ¿Y en lo filosófico-teológico-cultural? La filosofía socialdemócrata puede inferirse a partir de las actitudes y realizaciones de quienes actúan en su nombre. Su teología me resulta indiscernible, porque no le encuentro mayores nexos con la divinidad. Y culturalmente, creo que solo en un contexto de confianza recíproca entre gobernantes y ciudadanos, de ausencia de grietas, de respeto a los derechos, pero también a los deberes, y de vigencia de valores de solidaridad social, una socialdemocracia puede echar raíces más o menos firmes. Ojalá llegue el día en que llamemos a alguien «socialdemócrata» y esa persona sea, casualmente, quien esté rigiendo los destinos de nuestro país.

Artículo disponible en el diario La Nación.

«¿Diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?» Esta pregunta del Latinobarómetro, planteada cada año a los latinoamericanos durante la mayor parte del período transcurrido desde 2004, tuvo una respuesta rotunda. En promedio, el 75% de la población de la región se inclinó por la primera opción. En la Argentina, las opiniones (73%) están cerca del promedio. Pero en países como Brasil y México, que con 97% y 90% encabezan la tabla, esa opinión es casi unánime. Incluso países tradicionalmente considerados modelos de democracia, como Chile y Uruguay, que además lideran las estadísticas de control de la corrupción en la región, presentan valores del 81% y 75%, respectivamente.

Estos resultados parecerían indicar que no es lo mismo un gobierno que beneficia más a ciertos grupos poderosos que un gobierno abiertamente corrupto. La diferencia es de grado, ya que las reglas que facilitan el sesgo sistemático para la obtención privilegiada de rentas o permiten la corrupción manifiesta suponen el previo acceso al mecanismo que los hace posibles: la captura del Estado. Esta captura se manifiesta de formas variadas e implica el ejercicio de influencia desmedida sobre el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas, por parte de una élite que promueve intereses particularistas en detrimento del interés general de la sociedad. Como resultado, se resiente la equidad distributiva y se debilitan las bases institucionales de la democracia. Y a pesar de no ser un resultado legítimo, suele presentarse como legalmente válido.

Una de sus manifestaciones es el rentismo. La politóloga Cristina Zurbriggen, que dedicó un libro a analizar este fenómeno en Uruguay, lo asocia con la concesión estatal de tratamientos cambiarios a las exportaciones, la distribución de divisas destinadas a la importación y, en general, a la vigencia de redes rentistas consolidadas y legitimadas por reglas particularistas que han dominado la cultura política del país. Una breve digresión parece confirmarlo. En 1933, nació en Montevideo un poco conocido club de fútbol. Cuenta la leyenda que cuando los jóvenes que formaron el cuadro inicial fueron exhortados por un árbitro profesional a realizar una práctica «en serio», les preguntó: «¿Alguien trabaja mañana…?». Ante el silencio general, uno murmuró: «Vivimos de rentas…». El nombre «Rentistas» fue adoptado inmediatamente para el club naciente, que actualmente revista en la primera división.

Pero el rentismo es ubicuo. Refiriéndose a México, Hernández López identifica un similar patrón de comportamiento de las élites y la perpetuación de las estructuras que han mantenido históricamente una orientación extractiva que fomenta la desigualdad e imbrica al poder económico con el poder político. Identifica, en tal sentido, a una élite empresarial dedicada a la caza de rentas, renuente a la creatividad y a la innovación, que concentra el poder económico mediante rentas de monopolio en actividades extractivas y financieras, facilitadas por sus conexiones con el poder político.

Bresser Pereira, exministro del presidente Fernando Henrique Cardoso, ha señalado que el cuasi estancamiento de la economía brasileña desde 1980 se debe en parte a la existencia de poderosos grupos de interés, a los que llama «privatizadores del patrimonio público»

Por su parte, Bresser Pereira, exministro del presidente Fernando Henrique Cardoso, ha señalado que el cuasi estancamiento de la economía brasileña desde 1980 se debe en parte a la existencia de poderosos grupos de interés, a los que llama «privatizadores del patrimonio público», que no respetan los derechos republicanos ciudadanos, obteniendo privilegios legales: tasas de interés desmedidas, beneficios cambiarios, desgravaciones o exenciones fiscales, concesiones abusivas y subsidios diversos. También incluye entre los apropiadores de renta a altos funcionarios públicos cuyas remuneraciones son mucho mayores que el valor de su trabajo y hasta a quienes capturan la naturaleza o el medio ambiente, que es un bien público por antonomasia.

La apropiación del Estado y el rentismo han sido, también, rasgos característicos de las relaciones entre economía y política en la Argentina. Ya en el siglo XIX, la burguesía exportadora local, que integraba todas las comisiones gubernamentales en las que se elaboraban las políticas fiscales, conseguía que la recaudación aduanera gravara casi exclusivamente las importaciones, y no las exportaciones, lo cual le permitió acumular la enorme renta diferencial que generaba la economía pampeana. Durante el menemismo, las evidencias de captura de los entes reguladores por parte de las empresas privatizadas que debían auditar fueron registradas hasta en trabajos financiados por el Banco Mundial.

De hecho, todos los gobiernos argentinos sufrieron situaciones de captura, gracias al activo y cómplice acompañamiento de sus responsables políticos o pese a su militante y frustrante empeño por evitarlas. Solo desde el regreso de la democracia se dispuso media docena de blanqueos de capitales, que con distintos eufemismos en su denominación, intentaron disimular su origen espurio; y en estos días, se contempla la adopción de un séptimo perdón tributario. Regímenes de promoción que implicaron importantes transferencias de recursos, terminaron generando las famosas «industrias con ruedas». El jubileo dispuesto después de 2001 a través de la pesificación de pasivos implicó de hecho una licuación de deudas bancarias y una brutal redistribución de ingresos en favor de los sectores económicos más poderosos. Los sistemas de compras, suministros y licitaciones estatales, a pesar de su digitalización, muestran enormes agujeros por donde se filtran ingentes recursos hacia sectores cartelizados.

Pero no solo los sectores económicos son beneficiarios de la captura estatal. La dilación indefinida de causas judiciales permite que fueros legales y corporaciones judiciales impidan el procesamiento de presidentes, ministros o jueces, con causas no cerradas o denuncias penales, que pueden continuar su carrera política o jubilarse, cobrando dietas o jubilaciones astronómicas. Funcionarios al servicio de agencias estatales selectas pueden percibir salarios tres o cuatro veces superiores a los recibidos por sus pares en organismos condenados a escalafones más escuálidos. O generosos «retiros voluntarios» premian los servicios de quienes, muchas veces, egresan por la puerta del Estado y regresan por la ventana amparados por otras formas de contratación.

Con diferentes matices, los latinoamericanos vivimos en democracias capturadas, donde para mantener los privilegios de unos pocos, se ha echado mano a cuanto recurso haya permitido conseguir ese resultado: campañas mediáticas manipuladas, «puerta giratoria» entre cargos públicos y privados, conversión de procedimientos extraordinarios en ordinarios, regulación del financiamiento partidario, actividades de cabildeo o lobbying, velo «técnico» de decisiones esencialmente políticas, judicialización para el retraso o bloqueo de normas fiscales, movilizaciones sociales para forzar políticas inequitativas, u otros mecanismos casi indistinguibles de auténticas prácticas corruptas, como el uso de paraísos fiscales, el soborno, los conflictos de interés y el tráfico de influencias.

La pandemia ahondó, y puso más en evidencia, las ya profundas desigualdades que caracterizan a la estructura social en América Latina. A las grietas existentes, y a las que se han abierto, habría que sumar y colocar, bajo un foco más potente, las que amparadas y disimuladas por su «legalidad», dividen a los ciudadanos entre apropiadores del Estado y damnificados por su captura.

Artículo disponible en el diario La Nación.