En esta época de aceleración constante, de innovaciones continuas que alcanzan a las empresas, a los ciudadanos y a las administraciones públicas, resulta necesario tratar de pensar, sin dejar de dar pedales, sobre lo que está ocurriendo y la mejor manera de avanzar en este proceloso e innovador mundo. Subidos en la bicicleta, avanzamos en nuestro camino, pero hemos de reflexionar para encontrar las mejores formas de prestar los servicios públicos, a veces disruptivamente, por otros caminos.
La velocidad de las innovaciones hará que algunas reflexiones se queden a medio camino por la aparición de nuevas tendencias y realizaciones. Cada uno es responsable de analizar lo que su tiempo presenta, pero este período es singularmente rápido, hasta tal punto que se considera como una de sus características la aceleración de innovaciones. No solo aparecen, sino que se manifiestan muy rápidamente: cuando nos damos cuenta de unas, otras están ya siendo anunciadas. Por ello, las sociedades no solo necesitan de estas innovaciones, sino que las administraciones precisan de directivos públicos que las comprendan, utilicen e incluso desarrollen para el mejor cumplimiento de las políticas públicas.
Es importante conocer los adelantos tecnológicos y estar al tanto del desarrollo de la era Meta (Campos, 2022), pero especialmente es crucial que el directivo público esté abierto a los cambios e innovaciones y que incluso los fomente. Ser directivo público en la actualidad supone como mínimo desterrar la vieja concepción de la administración basada en la tradición de continuar haciendo las cosas como siempre.
¿Cómo se está abierto a los cambios? ¿De qué maneras pueden aprovecharse las innovaciones para generar mejores servicios y consecuentemente lograr mayor confianza ciudadana? Ahí van varias sugerencias:
Los directivos públicos han de comprender un gran número de innovaciones que tienen o van a tener fuerte repercusión en el trabajo de las administraciones públicas y de sus funcionarios. La dirección pública debe generar resultados y para ello es necesario que estas innovaciones (muchas de ellas ya presentes en las actividades de las administraciones públicas) sean cada vez mejor digeridas y puestas en práctica.
Estos son, además los objetivos de todos los que procuran una mejora en el funcionamiento de las administraciones públicas, que ven con ilusión la irrupción continua de las innovaciones, del mundo virtual.
Se desarrolla, sin embargo, de forma veloz, la deshumanización del contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos. La tecnología ha acercado sobremanera los servicios a los ciudadanos y con alguna frecuencia (diferente según el grado de desarrollo tecnológico de los países) ha logrado resultados instantáneos en algunos procedimientos administrativos mediante su digitalización. Pero ha dejado fuera de onda a numerosos ciudadanos que, por ignorancia o dificultad, no han logrado la conexión suficiente para resolver sus asuntos con las administraciones. Habitualmente se debe a las dificultades generadas por la distancia entre el funcionamiento del mundo digital y los conocimientos del ciudadano, mayores proporcionalmente cuando la edad es alta. Estos escollos tienen que ver también con las carencias tecnológicas asociadas a la pobreza de las poblaciones o a la lejanía con los grandes centros poblacionales, que dificultan o impiden la conexión necesaria.
Los algoritmos, ya instalados en numerosos procedimientos administrativos, constituyen un avance de relieve, pero deben ser controlados por las administraciones pues como se ha demostrado, en algunos casos pueden generar sesgos en la decisión cuyos resultados pueden ser discriminatorios. Por ello, la labor de las administraciones no consiste solo en contratar a un grupo de expertos consultores que construyan un algoritmo eficaz, sino que debe preocuparse también de conocer la ponderación de los diversos factores y examinar y evaluar constantemente sus resultados. La introducción de algoritmos garantiza rapidez y automatismo, pero los resultados pueden no ser los adecuados desde el punto de vista social o económico.
Si la política pública en la que se aplica el algoritmo correspondiente no contiene sesgos indeseables y sus resultados son satisfactorios, habremos logrado un avance. En caso contrario, el algoritmo debe ser revisado de forma periódica.
La respuesta a la pregunta del título de este artículo no es unívoca, pues dependerá de muchos factores como la preparación, la adaptación al cambio, los medios tecnológicos y la flexibilidad de las organizaciones. Para los directivos públicos, el conocimiento de las nuevas tendencias es vital. Los políticos de nuestra sociedad son sobre todo expertos en política y en comunicación, pero precisan de técnicos que les auxilien en las diversas materias y especialmente en aquellas que, por su novedad, o por su alto contenido técnico, necesiten de auténticos especialistas que desgranen el grano de la paja y propongan opciones que la dirección política debe calibrar y en definitiva, elegir.
Vivimos una época de cambios y de cambios acelerados. Las administraciones y los servidores públicos deben estar en la vanguardia de los cambios, a pesar de que las instituciones públicas están basadas en estructuras orgánicas estables y de tediosa modificación. Pero el cambio es necesario e inevitable. Los directivos públicos deben colocarse en la vanguardia, pues su misión no es solo avanzar en el camino, sino con frecuencia señalar cuál es la senda más conveniente.
Artículo disponible en El Nacional.
A la rotación que, de forma cíclica, se produce entre los servidores públicos debido a los cambios políticos y que hace decenas de años que desapareció en los países más desarrollados, se une la considerable media de edad que se registra entre los servidores de las administraciones públicas. La mayor edad viene asociada habitualmente a cierto conservadurismo en el quehacer administrativo y al mayor peso de la tradición. Las franjas de edad menores se asocian con la asunción y asimilación de nuevas tendencias y de la innovación, que tiene mayor incidencia en la la juventud. Aunque la generalización puede no ser exacta, ha de reconocerse entre la juventud una mayor cercanía, como ya era recordado hace muchos siglos: Hemos dicho que se llame a todos a consejo porque con frecuencia el Señor revela lo mejor al más joven. (Benito de Nursia, siglo VI)
En muchos países la edad media de los funcionarios es alta. En algunos, la media de edad es superior a los 55 años, como en Italia (48%) y España (46%) y en menor medida Portugal (38%), según datos de la OCDE. Esta circunstancia obliga a los gobiernos a lanzar ofertas de empleo público especialmente numerosas para los próximos años, como es el caso de España.
Aunque el descenso de la media de edad constituye una obligación, ha de considerarse que el rejuvenecimiento no es garantía de nada, pero es necesario igualmente valorar que la cercanía con los aspectos de la digitalización constituye una ventaja de difícil acceso para los mayores. Los trabajos sobre las competencias en las organizaciones públicas insisten en exigir capacidad de innovación para que las organizaciones públicas puedan afrontar sus retos, contenidos esencialmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reclamando para la gestión pública del futuro habilidades como la creatividad, la curiosidad, la anticipación, la iniciativa, la orientación al ciudadano.
La razón que explica esta situación parece tener que ver con el largo periodo que en el mundo hemos transitado sobre la creencia de que cuanto menos Estado mejor y que la iniciativa privada por sí sola nos iba a salvar de nuestras dificultades. La máxima unánimemente adoptada,el dogma comúnmente aceptado, ha sido disminuir el gasto público y, entre los componentes de este, no cabe duda de que el que tiene un peso constante y rígido es el gasto de personal o Capítulo I de los presupuestos. Los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina y el Caribe (29%) que en la media de la OCDE (poco más del 24%).
La consecuencia inmediata fue la congelación de plantillas o plantas de personal al servicio de las administraciones públicas. Y la consiguiente deriva que motivó dos actuaciones generalizadas en todos los países, ancladas en la necesidad de continuar prestando los servicios públicos: la cesión de algunos de ellos a empresas privadas y la contratación de personal de forma temporal o interina.
Esta situación ha generado consecuencias no buscadas. La cesión de determinados servicios públicos a empresas privadas ha generalizado la ampliación de su coste de forma inevitable. La electricidad y el agua son ejemplos palmarios. También ha habido mejoras en el suministro, pero con frecuencia relacionados con la posibilidad de financiarlos por parte de los usuarios ya sea por su número (caso de las grandes ciudades) o por su posición económica.
Otra derivada, no buscada pero sobrevenida, es la necesidad de regularizar la situación del personal contratado pues su número ha alcanzado a millares de personas que, a pesar de realizar el mismo trabajo que los funcionarios de empleo fijo carecen de algunos de sus derechos, especialmente la fijeza en el empleo. Por otra parte, su sistema de selección es puesto en duda por los colectivos funcionariales.
En fin, esta situación que se repite de forma cíclica coincidiendo con los períodos de crisis económica o por la presencia de gobiernos conservadores o progresistas, debe ser aprovechada para modificar en profundidad los sistemas selectivos de acceso a la función pública, pues la tardanza en resolver las ofertas de empleo (en ocasiones más de tres años) las convierte en promesas de cumplimiento muy a largo plazo, en todo caso fuera de las legislaturas o períodos presidenciales. No es una ayuda para la profesionalización de la administración, sino que se convierte en un nuevo impulso para el fortalecimiento del spoils system tan extendido en Latinoamérica.
Con la IA se automatizará el trabajo rutinario y repetitivo de la administración pública en áreas operativas tales como gestión de recursos humanos, las compras públicas, los subsidios. Ello liberará a los funcionarios del papeleo que todavía consume enormes esfuerzos y les permitirá́ dedicarse a tareas de mayor cualificación. El personal más joven podrá realizar estas tareas con mayor preparación, pero los de mayor edad también podrán aportar su conocimiento y experiencia.
Artículo disponible en El Nacional.