La actividad de las administraciones públicas cobra sentido por la prestación de los servicios a los ciudadanos, así como por la satisfacción que produce por sus beneficios de carácter económico o social. En otras palabras, por el bienestar hipotético que pueden extender de forma general. Para ello, son importantes los recursos humanos, la regulación y acceso a estos servicios y la aplicación de las técnicas y tecnologías necesarias para la mejora de la vida ciudadana. También, como ha demostrado esta época pandémica, la satisfacción que los ciudadanos tienen de su vida en común.

Los servicios de transporte, por ejemplo, constituyen una diferencia esencial entre las administraciones más desarrolladas y aquellas en las que las deficiencias en este servicio generan su abandono tecnológico primero y del ciudadano después: no vamos en transporte público porque son sucios, inseguros e irregulares en la frecuencia. En otros países, sin embargo, su uso es general incluso para las personas de clases sociales mas adineradas, que van en transporte público porque funcionan bien y con frecuencia son más rápidos y eficaces que el transporte privado.

Esta descripción de la realidad se convierte en sólido argumento si analizamos lo que hay detrás: presupuestos suficientes para las entidades locales, tarifas adecuadas, empresas públicas profesionalmente gerenciadas, en fin, civismo en su utilización. Precisamente, la colocación de expertos al frente de las organizaciones, mediante la dirección pública profesional, que asesora a los políticos electos,  constituye un factor esencial en el acierto de la decisión, como afirma y recomendaba, entre otros, Al Harawi, consejero de Saladino en 1192, que no prescinda de la consulta, pues el que pide consejo a los demás participa de su inteligencia, mientras que el obra según su solo criterio sucumbe.

La utilización adecuada de las tecnologías puede suministrar información a los ciudadanos de la llegada del transporte, del tiempo del trayecto o de espera. El ciudadano puede entonces tomar otras alternativas que le permitan desarrollar sus actividades económicas o de ocio. Sería una realidad la eficacia y efectividad de las políticas públicas.

Esta explicación de la utilización constante de tecnología en servicios inmediatos y útiles a los ciudadanos viene al caso para afirmar que hemos comenzado una andadura que puede reportar considerables beneficios. Nos sorprenden cada día los adelantos científicos relacionados con el armamento disponible por las grandes potencias o para la carrera de los descubrimientos en la Luna o Marte, pero la extensión de la inteligencia artificial es mucho más amplia.

La inteligencia artificial, tratada en la Carta de innovación en la gestión pública, aprobada por la Cumbre Iberoamericana a propuesta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en 2020, debe ser un complemento habitual de la gestión pública, pero siempre conectada con las necesidades sociales, dirigida por la alta función pública y controlados sus componentes esenciales, los algoritmos. Ha de tenerse en cuenta que los ordenadores serán capaces de explicar por qué tomaron sus decisiones, por qué es bueno que tú hagas una u otra cosa y qué va a pasar si no lo haces. Vamos hacia ordenadores capaces de explicar el mundo y a ellos mismos, y de volver hacia atrás y modificar su propio software. Y eso va a suceder en los próximos años (Judea Pearl, 2022).

Las técnicas de inteligencia artificial basadas en big data y la utilización de algoritmos (revisados y controlados para que no produzcan desigualdades sociales) pueden alcanzar beneficios considerables para la sociedad, como la protección de los sistemas informáticos públicos, o la defensa contra los delincuentes financieros mediante sistemas que ya están siendo utilizados por las policías de los países más desarrollados. Ahora en que el conflicto entre Rusia y Occidente está en la realidad, la protección de los sistemas públicos constituye precisamente una necesidad. ¿Ya no nos acordamos de los problemas de las elecciones norteamericanas o del conflicto catalán y la intervención de hackers que multiplicaron los problemas existentes?

Como la vida y la historia nos enseñan, la intervención del hombre es esencial y fundamental para el desarrollo de las actividades entre las que se encuentran las políticas públicas, que pueden beneficiar a los ciudadanos o simplemente fastidiarles llenándoles de trámites engorrosos. Como se ha recordado, la política no es una ciencia, es algo terriblemente humano. Esta dimensión debería estar presente siempre que se tomen decisiones, haya o no algoritmos en el proceso. Por eso, algunos autores están destacando que el uso de los algoritmos en la Administración a menudo perpetúa las desigualdades y castiga a los pobres. (Virginia Eubanks, 2022).

La tecnología hace tiempo que nos acompaña. Necesitamos su utilización por las instituciones públicas y protegernos de los ataques que pueden hacer difíciles las vidas de los ciudadanos, porque en todas nuestras actividades está presente: Hoy la tecnología engulle nuestras vidas como un engranaje voraz, una maquinaria caníbal que se alimenta de nuestro tiempo. (Irene Vallejo, 2022).

Artículo disponible en El Nacional.

La acción política concierne a la realización de actividades para los ciudadanos y como tal debe tener connotación positiva para ellos. Desde los tiempos de Platón la política (forma en la debía gobernarse un pueblo a cargo de los seres más sabios de esa sociedad), ha sido considerada como la más alta actividad que los ciudadanos pueden realizar, pues es en beneficio de todos. Una mínima reflexión sobre la opinión del ciudadano indica que este razonamiento está en el siglo XXI muy lejos de la realidad.

Desde el siglo XIX, momento en que los ciudadanos comenzaron a tener una presencia activa en los asuntos generales, con la aparición de los regímenes democráticos, no siempre la calidad humana de los gobernantes o representantes ha constituido un ejemplo.

Los casos de corrupción han sido continuos en muchos países y no puede afirmarse que haya Estados en los que haya sido totalmente erradicada, aunque obviamente como revela el índice de corrupción de Transparencia Internacional, esta existe en todos, pero en grado muy diferente.

Los países parecen esmerarse en mejorar en el ranking, pero la lucha continúa porque la corrupción sigue existiendo. Y la corrupción está íntimamente relacionada con la fortaleza y buen funcionamiento de las instituciones, que intentan garantizar un trato igual para todos los ciudadanos, así como la transparencia en las decisiones públicas y la rendición de cuentas. Como Lapuente recordó en el XXVI Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (Bogotá, 2021): …la calidad de la administración genera confianza ciudadana en sus instituciones y eso es fundamental en una crisis (Fukuyama, 2020).

La corrupción y el comportamiento negativo desde el punto de vista cívico parece haber alcanzado proporciones escandalosas en los últimos meses, en los que la pandemia nos ha preocupado tanto y ha alterado nuestras vidas personales y profesionales. Este hecho hace aumentar el desprestigio de la política, pues se identifica un comportamiento negativo individual del político con el prestigio y funcionamiento de la propia institución a la que representa.

Como han señalado Villoria y Bacigalupo (2022), los numerosos escándalos políticos vinculados a la corrupción se relacionan de forma directa y fuerte con la desconfianza en las instituciones representativas; perdida la confianza, se abre el camino a la barbarie.

En los últimos días, varios acontecimientos han generado desazón en la opinión pública, ya bastante curada de espanto. Están relacionados con el comportamiento de la clase política en diversos países. En algunos la separación de poderes ha jugado positivamente pues los infractores han sido condenados por la justicia. Sin embargo, no en todos.

En el Reino Unido, la escandalosa celebración de fiestas en la sede del primer ministro, incluyendo alcohol, durante la pandemia, están elevando el tono de las peticiones de dimisión en el seno del ¨Partido Conservador. Hasta ahora han dimitido varios altos cargos y algunos diputados conservadores exigen la dimisión del propio primer ministro. Curiosamente, el informe sobre los hechos acaecidos en las distintas fiestas ilegales mientras la población se hallaba recluida, a la espera del definitivo que debe presentar Scotland Yard, ha sido realizado por la más alta funcionaria de la oficina del primer ministro, Sue Gray, cuya idoneidad nadie pone en duda después de permanecer en su puesto con varios primeros ministros.

En Perú, el presidente Castillo ha cambiado por tercera vez en seis meses al primer ministro y buena parte del gabinete, entre escándalos de maltrato familiar del primer ministro, ya sustituido al haberse constatado la imposibilidad de apoyo parlamentario. La situación de Perú, después de un buen ejemplo de fortaleza institucional por la celebración de las elecciones y su aceptación a pesar de la escasa diferencia, preocupa: la distribución de escaños entre los grupos parlamentarios no augura un gobierno que pueda llevar a cabo las importantes transformaciones infraestructurales, educativas y sociales que el país necesita.En una carta enviada al jefe del Estado, Mirtha Vásquez, primera ministra saliente, señaló que la crisis en el Ministerio del Interior no es un “asunto cualquiera y coyuntural”, sino la expresión de un “problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado”.

Estos ejemplos ponen de manifiesto varios aspectos que explican el alejamiento de los ciudadanos de la clase política en los países democráticos. En el tema tienen que ver factores relacionados con la extracción profesional de la clase política, cada vez más profesionalizada y alejada de la vida económica y social, la determinación de intereses partidarios por encima de los correspondientes a los ciudadanos y los propios sistemas electorales, que en muchos lugares y países tienen más que ver con las siglas partidarias que con la idoneidad y preparación de los candidatos.

No sería bueno que los ciudadanos pasaran de la confianza al escepticismo y finalmente a la desconfianza. Pero mientras no se cambien profundamente las políticas públicas haciéndolas más transparentes y rindiendo cuentas, la distancia será aún más larga que la mesa de la reunión entre Macron y Putin el 7 de febrero.

Artículo disponible en El Nacional.