Las situaciones políticas especiales que se están viviendo en numerosos países iberoamericanos, en cuyo origen esta la crisis de confianza, han sobrevolado los debates que han tenido lugar en Buenos Aires en el transcurso del XXIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, al que han asistido más de 1.500 personas, desarrollándose más de 120 paneles y presentaciones especiales, con una considerable audiencia. Sin lugar a dudas, los funcionarios allí reunidos, junto con profesores, investigadores, consultores y políticos en ejercicio, procedentes de los 23 países miembros, han estado preocupados por los acontecimientos de su país, pero ello les ha incentivado a la discusión, constante , técnica y polimórfica sobre los temas de actualidad en las administraciones públicas. Si las administraciones públicas funcionan deficientemente, los conflictos se multiplican y entre los ciudadanos crece la desconfianza.
Los asistentes han logrado, además, generar importantes debates sobre temas que engloban las políticas públicas y que abarcan desde la emigración, a las patentes y marcas, pasando por la política sanitaria, de transito en las ciudades , de seguridad o de inteligencia artificial.
Han aprobado los congresistas algunas conclusiones relevantes que constituyen un llamamiento al respeto político de la actividad administrativa y a la lealtad de la Administración para con los gobiernos legal y legítimamente constituidos.
La competencia profesional de los servidores públicos, su neutralidad política y su profesionalidad, conforman requisito para el ejercicio con objetividad de la acción publica al servicio de los ciudadanos. Los debates realizados apoyan , en consecuencia, las políticas que contribuyan a garantizar los principios de merito y capacidad e igualdad de acceso a la función pública.
La crisis de confianza que sufren nuestros Estados y administraciones es responsabilidad de todos, tanto de dirigentes como de servidores públicos. Mecanismos como la rendición de cuentas y la transparencia de las decisiones deben extenderse aún más. Es preciso conseguir que el ciudadano sea un aliado en la búsqueda e implementación de las mejores decisiones públicas.
Por ello, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aspecto en el que todos los países declaran avanzar, debe acompañarse con el decidido apoyo de los gobiernos para mejorar nuestra democracia y el bienestar de los ciudadanos. También ,como ha recordado la filósofa española Adela Cortina, para reducir las desigualdades , uno de los grandes desafíos del siglo XXI.
La continuidad de las políticas públicas, basadas en una necesaria planificación, constituye una garantía del servicio a los ciudadanos y de sus derechos. Debe consolidarse una planificación que vaya más allá del periodo presidencial o legislativo y por ello es necesario seguir trabajando en una conexión entre planes, presupuestos y evaluaciones que aseguren el desarrollo sostenible.
El desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y las comunicaciones, son una oportunidad y un reto para las administraciones públicas. Se debe impulsar la transformación digital de la Administración pública y ésta debe ser aprovechada para acelerar los procesos de cambio y repensar los modelos actuales de gobernanza.
Pero no ha de olvidarse que la cuarta revolución industrial y el desarrollo de la inteligencia artificial , van a suponer profundas alteraciones en los modos de actuar de las administraciones públicas, pues miles de procesos administrativos se automatizarán y probablemente, muchos empleos administrativos desaparecerán. En consecuencia, hay que reclamar la creatividad y la capacidad de innovación para que las organizaciones públicas puedan afrontar sus retos.
Por todo ello, el Congreso del CLAD realizó un llamamiento urgente y esperanzado a los millones de servidoras y servidores públicos, así como a los políticos , para que abran vías de diálogo entre ellos y con la ciudadanía para afrontar la incertidumbre que este momento histórico genera.
Artículo disponible en el diario El Nacional.
Al analizar la población mundial, aunque no la de todos los países del mundo, las mujeres constituyen habitualmente 49,5% de la población, mientras que los hombres suelen ser 50,5%. Esta situación , no obstante, no se refleja de forma automática en la presencia de ambos géneros en el mundo laboral, en las empresas y en particular en las administraciones públicas.
La incorporación masiva de las mujeres al empleo remunerado y en particular a los puestos de trabajo de las administraciones públicas tiene solo unas decenas de años. En los países más desarrollados se incrementa el número de mujeres en las administraciones públicas y en los menos desarrollados económicamente, su presencia es escasa.
No obstante , la incorporación al empleo de las administraciones públicas ha aumentado fuertemente en los últimos años, de forma que puede afirmarse hoy que el número de mujeres en las administraciones públicas, tiende a igualar e incluso superar al número de hombres.
En un reciente Simposio celebrado en Alcalá de Henares (Madrid), organizado por el CLAD, todos los países representados presentaron datos en los que mostraban un alto número de personal de género femenino en las administraciones públicas y en algunos de ellos superiores a los de hombres. El ritmo de crecimiento es además superior en el caso de las mujeres.No obstante, cuando se estudia la situación con atención, nos encontramos con que su presencia está casi totalmente restringida a los ámbitos subordinados y medios de las administraciones públicas.
Varios países, como Costa Rica y España, han logrado colocar en la cabeza de los departamentos ministeriales un número superior de mujeres que hombres, pero la situación habitual es el predominio masculino. Incluso, es en estos países en los que las mujeres con mayor frecuencia están al frente de los departamentos ministeriales , registran tasas de ocupación considerablemente inferiores en los estratos superiores de los departamentos, lo que está en franca contradicción con los egresados de los estudios universitarios. Esta no es, sin embargo, la situación en los estratos bajos, en los que la incorporación de las mujeres supera a los hombres en todos los países iberoamericanos.
En la actualidad, después de la Declaración de Beijing de 1995 y el impulso dado por la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los avances en la incorporación de la mujer a las administraciones públicas han dado como resultado que todos los países iberoamericanos tienen al menos 30% de mujeres en las administraciones públicas y que este porcentaje tiende a aumentar, debido esencialmente a las normas que establecen discriminación positiva en favor de las mujeres. Sin embargo, como reconoce la Declaración de Alcalá de Henares:»La división sexual del trabajo y el recargo del trabajo doméstico no remunerado y labores de cuido en las mujeres es un factor estructural de la discriminación».
55% de los mecanismos para avanzar en la igualdad de género en los países iberoamericanos, como en los organismos, ministerios o departamentos encargados de la igualdad de género, tiene el mayor rango institucional, lo que contribuye sobremanera a mejorar la posición del género femenino y avanzar en la igualdad.
Las mujeres continúan infrarrepresentadas en los niveles superiores de la administración pública. Siguen existiendo “techos de cristal”, o barreras de imposible franqueo, que impiden la participación igualitaria en puestos de toma de decisiones y algunas culturas organizativas de las administraciones siguen colocando a las mujeres en situación de desventaja para ocupar los puestos de dirección.
Por ello, resulta imprescindible promover medidas de conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral personal y familiar, dirigidas a hombres y mujeres, que favorezcan una mayor igualdad en el ámbito de los cuidados y más oportunidades para promocionar dentro de la carrera profesional.
Mientras la sociedad considere que hay labores que corresponden esencialmente a las mujeres resulta imposible el desarrollo de carreras profesionales, que en el mejor de los casos se reducen a los períodos no relacionados con el cuidado de los hijos o de otras necesidades familiares, lo que coarta seriamente sus posibilidades. Reconocer que las mujeres tienen una visión distinta de los problemas y sus soluciones, con frecuencia más alejada del conflicto y más cercana a la negociación, es una necesidad fundamental para avanzar y una medida de justicia para quienes constituyen 50% de los habitantes de nuestros países.
Artículo disponible en el diario El Nacional.