Los líderes mundiales nos señalan desde la cumbre del G-20 y la conferencia COP26, que hay que dejar atrás la pandemia, que ha superado ya los cinco millones de muertos en todo el mundo, y enfocarnos en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los ODS. Tenemos esperanza en que nos centremos de nuevo en los problemas de los países, tan excelentemente descritos en los Objetivos de desarrollo sostenible, de cuyo avance no podemos estar satisfechos, porque los dos últimos años han sido de parón, o incluso retroceso, en la lucha por alcanzar las metas previstas en la agenda 2030.

Es una de las secuelas más duras que nos ha traído la pandemia. Después de varios años en que muchos gobiernos se habían empeñado en formar organismos y desarrollar importantes políticas públicas generadoras de actividades, que intentaban mejorar la situación y en consecuencia cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, la situación ahora es peor que hace dos años.

Similar reflexión podemos hacer respecto al cambio climático, sobre los que, tras pocos meses de reducción de emisiones, nos encontramos de nuevo con un panorama realmente negativo para los próximos años. Las promesas de los líderes mundiales, quizás llenas de buena voluntad, no alcanzan a las grandes masas de ciudadanos. Casi habíamos olvidado el Objetivo 13 de los ODS: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos»

La esperanza de que la pandemia nos deje es tan universal como su extensión. No imaginamos un mundo en el que tengamos para siempre que convivir con el covid-19. No faltan los agoreros que predicen la permanencia de la pandemia, pero parece que, si esta subsiste, estará más bien destinada a convertirse en otra infección vírica, de la que deberemos vacunarnos con frecuencia como ya se hace con otras enfermedades estacionales.

Sin embargo, la pandemia nos ha dejado también algunos otros aspectos de relevancia en el comportamiento habitual de las personas y de las organizaciones, que tienen influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Aquí es donde conviene pensar con tranquilidad sobre qué aspectos van a quedarse y qué otros conviene desterrar al menos temporalmente, si deseamos una vida en sociedad más placentera que la obtenida en los últimos años y, si es posible, mejor que aquella que hemos considerado como normal. Entramos en la idea de democracia anticipatoria, esa que crea espacios de análisis y deliberación para estudiar escenarios de futuro, y que pone el foco en gobernar la incertidumbre para protegernos contra el miedo. (Cristina Monge, 2021)

En las administraciones públicas, buena parte de los servicios se han prestado tarde, mal o nunca. En la mayoría de los casos, el defecto estaba justificado, pero en otros podemos vislumbrar cierto legado positivo, que hace tener la esperanza de que la experiencia puede hacer avanzar la relación entre los ciudadanos y las administraciones. Es difícil aún calibrar el descenso de la confianza de los ciudadanos en los Estados, pero nos acercamos al acierto si afirmamos que la pandemia , en muchos países, ha supuesto un incremento de esta desconfianza.

Por ello, hay diversas propuestas que deberemos tener en cuenta y que deben ir hacia el fortalecimiento del Estado y la disposición de más recursos para las políticas publicas. El recuerdo, todavía presente, de hospitales saturados o de colas de enfermos en espera de algún tratamiento paliativo contra el virus, nacido en China a finales de 2019, nos empuja a proponer sustanciales incrementos de recursos financieros y humanos en las políticas de salud pública.

Entre las necesidades más acuciantes se encuentra un mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial, más colaboración institucional y coordinación interterritorial, incremento de la profesionalización de los servidores públicos. En fin, recurrir también a los ODS: Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial». (3.d)

Pero, además, procede hacer lo que en terminología hegeliana se denomina un salto cualitativo que debe anclarse en la construcción de una mayor disrupción, en la búsqueda por los servidores públicos y sus organizaciones, de proyectos que nos generen nuevos caminos de acercamiento a los ciudadanos. Pero también políticas públicas cuyos proyectos se terminen, más allá de las promesas electorales o los periodos presidenciales, para que esa promesa no esté “… condenada a apagarse prematuramente, como se apagan tantas cosas en Latinoamérica”. (Bolaño, 1999)

@SGeneralCLAD

Artículo disponible en El Nacional.

En Sevilla (España) durante dos días, hemos tenido la oportunidad de participar en el III Congreso de Organización y Gestión de las Personas al Servicio de las Administraciones Públicas y de Dirección Pública, que organiza el Instituto Andaluz de Administración Pública y ha reunido decenas de expertos, debatiendo sobre aspectos relacionados con la dirección pública y los componentes éticos del trabajo directivo. A propósito del nombramiento de miles de cargos en los diversos países, tanto en el ámbito nacional como regional o local, para el desarrollo de las políticas públicas, se concluye la necesidad de formar adecuadamente a los directivos públicos, que deben añadir a su profesionalidad y dedicación, la inexcusable lealtad a la dirección política emanada de la decisión ciudadana mediante las urnas.

El nombramiento, después de elecciones, de los altos cargos connotados políticamente, miembros del partido o de proximidad ideológica intensa, en ejercicio legitimo del resultado electoral y en el marco de las normas fundamentales de cada Estado, suele venir aparejado con un sismo, que produce alteraciones de profundidad excesiva en las administraciones públicas. Con excesiva frecuencia, los cambios alcanzan a niveles medios o subordinados de la administración. En sectores de la dirección de los partidos políticos en el sistema democrático, resiste una percepción de distancia y oposición virtual entre el ámbito directamente político y el directivo.

Personalmente, fui protagonista de las palabras de agradecimiento de un alto cargo por las gestiones realizadas al comienzo de su mandato y al que hubo que explicar que la alta dirección pública profesional está para servir al poder político, en el marco de las leyes vigentes, aunque su color o matiz no sea de especial sintonía para el directivo público.

Esta situación, en los países más desarrollados, especialmente en Reino Unido desde principios del siglo XX y en los demás algunos años más tarde, no produce merma de la actuación política de los ganadores de los procesos electorales, sino un incremento de la eficacia en las políticas públicas al combinar la legitimidad democrática con el conocimiento experto.

Recientemente, numerosos autores recuerdan la necesidad de hacer cumplir en el consenso de Cornwall (Cornualles), que ojalá tenga la extensión y profundidad en su cumplimiento del Consenso de Washington, que después de la pandemia parece definitivamente enterrado. El de Washington minimizó el papel del Estado en la economía y presionó a favor de una agresiva agenda de libre mercado, desregulación, privatización y liberalización comercial; el Consenso de Cornwall invertiría esos mandatos. La revitalización del papel económico del Estado, nos permitiría dedicarnos a implementar metas sociales, crear solidaridad a escala internacional y reformar la gobernanza mundial en pos del bien común. (Mariana Mazzucato ,18/10/21)

Aunque la función de administrar en las administraciones públicas es similar en todas las organizaciones, al ser los temas de recursos humanos, planificación, presupuesto, comunicaciones y capacidad de negociación y relación los aspectos más relevantes, conviene estar específicamente formados y desarrollar estas materias para opciones diferentes en materia política.

En definitiva, se trata de ser competente como administrador, o administradora, como están demostrando las mujeres en todos los países latinoamericanos, tal como se ha señalado en el II Simposio de Igualdad de Género en los niveles directivos de las administraciones públicas celebrado en Lisboa organizado por el CLAD. La Declaración de Lisboa señala que a pesar de que las mujeres son más numerosas en las administraciones públicas, la mayoría de los cargos superiores siguen ocupados por hombres.

En numerosos países, en una tendencia desde comienzos del siglo, se acercan ya a 40% en los niveles directivos y superan este porcentaje en los niveles medios de las administraciones. En el ámbito directamente político, la aparición de ministras y secretarias de Estado en la mayoría de los países es una tendencia poderosa que deseamos que contribuya a la mejora de la prestación del servicio y al fortalecimiento de la dirección pública.

Esta combinación entre la competencia y la dirección política que pueden conformar la pareja de políticos y administradores no exime de errores a las administraciones públicas. Dice el refrán que “hasta el mejor escribano echa un borrón” y la historia nos lo demuestra. Unas veces será el cortoplacismo al que de forma inevitable parece abocado el político, otras la demanda de seguridad que siempre procura el administrador. De su buena relación seguramente se deriven éxitos que mejoren la prestación de los servicios a los ciudadanos y la eficacia de las políticas públicas.

@sgeneralClad

Artículo disponible en El Nacional.