El adanismo en las transiciones de gobierno: Artículo escrito por D. Francisco Velázquez


En democracia, después del resultado de las elecciones (presidenciales o legislativas, según se trate de un sistema presidencial o parlamentario)se produce el relevo en el Poder Ejecutivo , en períodos más cortos o largos según cada país. Los períodos de asunción de responsabilidades pueden ser especialmente largos (México, Guatemala) y otros de menor duración (Chile, España, Colombia). Este proceso, relacionado con la tradición, con frecuencia expresada en la Constitución de la República, tiene sentido para el traspaso de poderes, el nombramiento de los ministros, la preparación de los nuevos equipos técnicos y, sobre todo, para la recepción de la documentación y activos que el anterior gobierno debe traspasarle al nuevo.

No es una tradición tan profunda en la vida democrática de los Estados, como para que pueda afirmarse que en todos los países se da el empalme con modos corteses, democráticos y exhaustivos. El sentido común nos dice que esta práctica debería estar incluso regulada de forma tal que el anterior gobierno no desaparezca de la escena sin dar cuenta de los principales problemas, conflictos y proyectos en marcha, descartando en todo caso las cuestiones de índole penal o prácticas corruptas.

No hace mucho tiempo, la alternancia en el poder era más bien considerada como una pérdida no exenta de situaciones anímicas desagradables para los perdedores y de una victoria para los ganadores, que no excluían las ganas de venganza o de afán de exploradores de malas prácticas, de investigadores de grandes desfalcos de las arcas públicas. Una anécdota, que narra el ex presidente español Leopoldo Calvo Sotelo, refleja esta situación, producida además por la lejanía personal entre el nuevo presidente (Calvo Sotelo) y quien dejaba el cargo (Adolfo Suárez). El peculiar traspaso que Suárez le hiciera entonces quedó perfectamente simbolizado en el instante en el que el nuevo presidente del gobierno intentó abrir la caja fuerte del despacho de la Moncloa, para descubrir que nadie sabía cómo hacerlo: “Mi antecesor no había tenido tiempo de entregarme casi nada, salvo el poder y un golpe militar, que no es poco”. Tras forzar la cerradura se descubrió que lo único que contenía la caja era un papel con la combinación para abrirla. En sus memorias, Calvo-Sotelo establece en ese momento una relación directa con su propia actitud de 1982: “A mi sucesor se la entregué vacía, porque toda la información se la di abierta y sobre la mesa del despacho”.

Con el paso de los años, se ha ido extendiendo la cultura del traspaso ordenado del poder , mediante la constitución de equipos que solicitan datos e informes y por la propia iniciativa de quienes abandonan sus responsabilidades, que elaboran detallados dossiers para los nuevos inquilinos y no dudan en establecer equipos conjuntos de trabajo que suministran todos los datos existentes, personal, recursos económicos, litigios, planes y proyectos en ejecución, conflictos sindicales o internacionales, tratados vigentes.

Hay, en todo caso, algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta. Los nuevos inquilinos han ganado las elecciones, pero hasta que termine el período transitorio, el gobierno debe continuar gobernando, sin perjuicio de que algunas cuestiones de singular importancia pueden ser consultadas a la próxima administración. Una administración pública servida por profesionales puede permitir que continúen funcionando los servicios públicos, y que las políticas públicas esenciales garanticen el transcurrir de la vida cotidiana de los ciudadanos: los colegios, los transportes, los hospitales, los documentos de identidad y pasaportes, la fiscalidad y el orden público, etc. En definitiva, conviene recordar, como decía Helmut Schmidt, que la política no tiene como fin fomentar la felicidad de algunos, sino evitar lo más posible el sufrimiento de la mayoría.

El gobierno saliente debe huir de hacer grandilocuentes declaraciones o anunciar proyectos , que ya no va a poder ejecutar pero debe mantener y no hacer dejación de sus responsabilidades ejecutivas, incluyendo la salvaguardia del orden público y la defensa nacional, así como la reacción ante catástrofes, cuya frecuencia, por cierto, parece que incrementa el cambio climático.

Llegado el momento de asumir el poder, el nuevo Ejecutivo debe huir de la tentación del adanismo: la creencia de que antes que ellos nadie se preocupó ni ocupó de solucionar los problemas o de proponer actuaciones. Se valora más por los ciudadanos la actuación reformadora que la crítica a los antecesores. En pocos días , el argumento se vuelve reiterativo y aburrido para la opinión pública. Y aquí es donde la consigna de “mirar debajo de las alfombras” resulta bastante inútil, porque se suele encontrar poco polvo, aunque en este mundo de las redes sociales y la comunicación instantánea, que cada día se ve con mayor claridad que es una herramienta de extorsión, como señala Félix de Azúa, puede generar contaminación política, que no hará sino aumentar la desconfianza de los ciudadanos en la política.

Artículo disponible en el diario El Nacional.

Menos política y más administración: Artículo escrito por D. Francisco Velázquez


Parecen ya lejanos los tiempos en los que un presidente de Estados Unidos del siglo XIX, Andrew Jackson, (1829-1837), señaló que los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demoraDe igual manera, parecen pensar los dirigentes políticos de algunos países que, tras la victoria electoral, proceden de inmediato a cambiar drásticamente los ministerios y organismos públicos. No solo sus dirigentes, sino también los cuadros medios e incluso subordinados.

Sin embargo, si alguna nota define especialmente las políticas públicas del siglo XXI es la complejidad técnica, auspiciada por la diversidad de agentes institucionales y ciudadanos intervinientes.

No obstante, más allá de planteamientos tecnocráticos, conviene recordar las palabras del académico y político alemán Max Weber, de cuyo fallecimiento van a cumplirse 100 años, que escribió que “toda lucha entre partidos persigue no solo un fin objetivo, sino que, también y ante todo, el control sobre la distribución de cargos”.

Esta tensión entre la necesidad social de tener al frente de las instituciones públicas a personas conocedoras de los asuntos, honestas y permanentes en su función y el deseo de ocupación de los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos, puede ser resuelta, como demuestran los países más avanzados.

La política debe dirigir la administración, pero ello no debe suponer la ocupación indiscriminada de todos los cargos públicos.

En Uruguay, 17 países de Iberoamérica han debatido durante dos días y acordado la Declaración de Montevideo, que destaca los principales valores de una función pública profesional y hace votos por que contenga estándares de transparencia, integridad, efectividad, eficiencia, vocación de servicio, innovación.

Estos valores, ya señalados en la Carta de la Función Pública de 2003, aprobada por los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, define una administración pública profesional: aquella que permite el mantenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado aun cuando no haya gobierno, como destaca el politólogo Fernando Vallespín a propósito de la inestable situación política española.

Las características más relevantes de una función pública profesional son la selección por mérito y capacidad, la permanencia, la neutralidad política, unas retribuciones dignas, una carrera profesional y condiciones de retiro. Hay quien observa que estas características de los servidores públicos son caras, así que se necesitan presupuestos abultados e imposición fiscal considerable. La respuesta es si no es más caro para la sociedad los gastos sin control y la secuencia continua de errores y mal servicio a los ciudadanos.

Además, la Declaración de Montevideo establece cinco mejoras necesarias para la función publica profesional: mejora del comportamiento ético, mejora en la  preparación, mejora en la capacidad y competencia, mejora en el entendimiento y manejo tecnologías de la información y comunicaciones y, finalmente, mejora de la preocupación por el cambio climático y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La implementación de la función pública profesional requiere consensos con la comunidad política, el sector privado y la sociedad civil, para que se convierta en una política pública sostenible en el tiempo. La función pública profesional genera un valor agregado verificable en las capacidades estatales, aumenta la eficacia gubernamental y frena la corrupción, como revelan los estudios de Transparencia Internacional y del CLAD.

El objetivo no puede ser otro que el mundo iberoamericano tenga una administración pública eficaz, eficiente y democrática, en otras palabras, menos política y más administración, para acercarnos a las metas contenidas en el Objetivo 16 de los ODS: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Artículo disponible en el diario El Nacional.

Problemas similares de los Estados en todo el mundo: Artículo escrito por D. Francisco Velázquez


Participar en eventos internacionales a los que asisten personas expertas, que cuentan sus experiencias y reflexiones, procedentes de todos las regiones del mundo, permite darse cuenta de algunas realidades no por conocidas menos olvidadas. Montesquieu, aquel genial francés al que tanto le deben las instituciones democráticas, señalaba que “todos los países tienen buenas leyes, pero muy pocos las cumplen”. En Bakú, Azerbaiyán, he tenido ocasión de comprobar cómo los diversos oradores daban cuenta de numerosos adelantos en materia de administración pública, de capacitación de funcionarios y de incorporación de nuevas instituciones a los Estados. Realidades y continentes diferentes, pero problemas y soluciones similares.

Entre los logros, cabe destacar la preocupación por la innovación de las administraciones, la incorporación sistemática de los tecnologías de la información y las comunicaciones, la demanda de recursos económicos suficientes para atender a los ciudadanos, las políticas de atracción del talento necesario para el desempeño de la función pública y la eficacia de las políticas públicas, tan necesaria hoy. Luchar contra la corrupción tiene también una vertiente importante relacionada con el funcionamiento diligente de la burocracia, la transparencia en las decisiones y la rendición de cuentas.

Numerosas carencias en nuestras administraciones iberoamericanas, merecen el esfuerzo de los Estados y el impulso de las fuerzas políticas. Existe una importante correlación entre el nivel de desarrollo económico de los países y la funcionalidad de las administraciones públicas, así como en el tamaño del Estado y la presión fiscal. Cuando se comparan las administraciones públicas de nuestros países con otras más eficaces, transparentes y diligentes, debe también tenerse en cuenta que su presión fiscal es mucho más fuerte (40%-50% frente a 10%-25%) y el tamaño del Estado y el número y profesionalidad de sus funcionarios muy superior. Todos intentan avanzar incorporando ideas innovadoras, transmitiendo buenas prácticas, alardeando en ocasiones de programas de incidencia local o reducida, pero transmitiendo un alto grado de motivación y de impulso político. Lo interesante del asunto es que las ideas recorren los continentes y las propuestas imaginativas e innovadoras tienen más que ver con la voluntad de solucionar los problemas que con los medios financieros o los países que las impulsan.

En Iberoamérica, con el auspicio de Naciones Unidas, existe desde 1972 el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo cuya sede está en Caracas y que, cada año, celebra un Congreso que logra reunir a más de 1.500 personas entre funcionarios, profesores e investigadores. En este año 2019 se celebra su XXIV edición en Buenos Aires bajo el lema de “El desafío de la institucionalidad en la administración pública del siglo XXI”, que continúa la saga de sus predecesores que han recorrido Iberoamérica y logrado reunir en sus veinticuatro años de existencia a más de 40.000 personas y 10.000 panelistas entre funcionarios, profesores e investigadores.

La celebración del XLVII aniversario de su fundación , mediante la firma de un Convenio Internacional suscrito por México, Perú y Venezuela y al que se han adherido posteriormente 20 países más (todos los de América de habla portuguesa o española y los tres de la península ibérica, así como Angola como observador), nos señala la ocasión de recordar la relevancia que el buen funcionamiento de la administración pública tiene para el fortalecimiento de la democracia en los países, para la eliminación de diferencias sociales, culturales, tecnológicas y, en fin, de garantía de condiciones de vida saludables.

Las administraciones públicas ponen en funcionamiento las políticas públicas: sanitarias, educativas, fiscales, medioambientales, de seguridad ciudadana, económicas y de seguridad jurídica y protección de las libertades. Las políticas públicas pueden funcionar bien o no funcionar. Esto es lo que distingue , en definitiva, a un Estado eficaz y protector de sus ciudadanos de un Estado fallido, que no logra mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos: de todos y no solo de algunos privilegiados.

El funcionamiento eficaz de un Estado, además, depende, como decía Montesquieu, del cumplimiento de las leyes. Las leyes son eficaces cuando existe una administración pública, servida por profesionales que las cumplen, sancionan su incumplimiento y contribuyen a atajar, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, la corrupción que ,con frecuencia, se beneficia de una administración débil y sometida en exceso a los cambios políticos.

Artículo disponible en el diario El Nacional.